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Noticias y periodismo



Lucas González | Una mujer denunció que una pareja intentó comprar a su beba de dos meses

El hecho ocurrió este fin de semana en Lucas González departamento Nogoyá. "Te lo pagamos de contado, cuánto querés", le habría dicho a la mujer, una pareja que presuntamente pertenecería a la comunidad gitana.
Una vecina del barrio Pueblo Nuevo de la localidad de Lucas González vivió este sábado una experiencia alarmante. Según la denunciante, una camioneta gris en la que se trasladaba una pareja que presuntamente pertenecería a la comunidad gitana, quienes en un primer momento ofrecieron venderle sábanas y colchas, luego le propusieron comprarle a su beba de dos meses.
"Te lo pagamos de contado, cuánto querés", le habría dicho el hombre. Propuesta a la que la mujer se negó rotundamente.
"Yo estaba sola con la bebé, mi marido había salido. Por suerte no me acerqué mucho porque esta gente, por ahí me manoteaba a la beba y disparaban", dijo la mamá muy angustiada por la situación.
Cabe señalar que mientras el hombre tenía este diálogo, la mujer desde el otro lado del vehículo gritaba y voceaba su mercadería con el objetivo de que los vecinos no escucharan el diálogo.
Sin embargo y según publicó La voz de Nogoyá, una vecina escuchó y llamó a la Policía, quienes acudieron raudamente y enterados de la situación, persiguieron la camioneta hasta detenerla en el acceso.
Llevados a la comisaría de Lucas González, la Policía realizó la identificación por parte de la denunciante, quien reconoció a la pareja. Según se informó, a estas personas se les tomaron fotos y huellas digitales para luego trasladarlos a la Jefatura Departamental Nogoyá.
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Se propone incrementar por ley un 42 por ciento los aportes a las juntas de gobierno

Un incremento del aporte a las juntas de gobierno del orden del 42 por ciento se tratará en la Legislatura provincial, a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo. Así lo hicieron saber el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri; el diputado Juan José Bahillo y el senador Ángel Giano, tras la reunión que mantuvieron este lunes con el gobernador Gustavo Bordet. “Esto se enmarca en lo planteado por el gobernador de redoblar los esfuerzos para que nuestras juntas de gobierno tengan, no solamente más recursos, sino también más facultades para poder desarrollarse plenamente", dijo Urribarri.
“Está ingresando un proyecto de ley que prevé un aumento del orden del 42 por ciento a las juntas de gobierno”, preciso el diputado Bahillo en referencia a la iniciativa del gobierno provincial que se preveía mandar a la legislatura el lunes o martes de esta semana. “Es un incremento importante teniendo en cuenta que las juntas de gobierno reciben el equivalente a la categoría 10 del sueldo del Escalafón General. Se sube la cantidad de sueldos por categoría", detalló.
Además, comentó que se trata así de dar respuesta al pedido de autoridades de juntas de gobierno y que la iniciativa cuenta con el apoyo de los legisladores de todo los partidos. “También tiene su razón en los acuerdos parlamentarios que se lograron a la hora de aprobación del presupuesto, ya que los otros bloques plantearon la necesidad de mejorar el presupuesto en este sentido. Como esto va con equivalente de cantidad de sueldo, no va directamente en el presupuesto, hay que hacer una ley aparte”.

Al respecto, agregó que “el proyecto de ley está presentado, previo a lo cual tuvimos una reunión con el gobernador y contamos con su total respaldo para avanzar en esta iniciativa que prevé un incremento en el aporte a las juntas que les va a permitir a los presidentes dar mayor respuesta a toda la demanda que están teniendo en una parte extensa del territorio entrerriano”.
Por su parte, el ministro Urribarri sostuvo que “esta ley es muy importante para las juntas de gobierno, teniendo en cuenta que Entre Ríos es la única provincia en el país que tiene juntas de gobierno. Son 196 en el territorio provincial”.
“Este tipo de medidas, que tiene que ver con un aumento de alrededor del 42 por ciento, pero también con achicar un poco la brecha entre las cuatro categorías que tenemos, es muy importante para dar respuesta a los vecinos de las juntas de gobierno”, consideró y agregó que “esto va complementado con un trabajo que nos ha planteado el gobernador desde el inicio de gestión de redoblar los esfuerzos para que nuestras juntas de gobierno tengan, no solamente más recursos, sino también más facultades para poder desarrollarse plenamente”.
“En ese sentido, con la Legislatura venimos trabajando en la ley de comunas, que fue uno de los objetivos que nos planteó el gobernador al Ministerio de Gobierno para que lo empecemos a trabajar. Tenemos un proyecto prácticamente terminado para empezar a la búsqueda de consenso con los diferentes bloques. Así que son muy bien recibidas este tipo de medidas porque es un pedido, no solamente de los presidentes de juntas de gobierno, sino también de los diferentes bloques representados en la Legislatura de la provincia de Entre Ríos. Esperemos que se apruebe lo más pronto posible porque va a ser en orden a los recursos un espaldarazo importante para su pleno desarrollo”, finalizó Urribarri.
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Denuncia penal por la presunta mesa de dinero que funcionaba en el Senado

Los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet hicieron una presentación este lunes ante un fiscal federal. Apuntaron que el Ministerio Público Fiscal debería haber investigado de oficio.
Los abogados paranaenses Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron este lunes ante el fiscal federal de Paraná, Mario Silva, una denuncia penal tras la investigación publicada como la revista Análisis, del 24 de noviembre, sobre la existencia de una mesa de dinero en el ámbito del Senado, que funcionó entre 2012 y 2014.
Los letrados, que ya impulsaron investigaciones sobre otros presuntos hechos de corrupción en la provincia, observaron que los hechos denunciados: "Deberían ser investigados `de oficio' por quienes se desempeñan en el Ministerio Público Fiscal, anoticiados de hechos que pudieran encuadrar en algún tipo penal".
La investigación de la de la Revista Análisis sobre la existencia de una mesa de dinero en el Senado entrerriano, donde se movían unos 30 millones de pesos mensuales, mereció una presentación en la Justicia Federal por parte de los letrados Pagliotto y Mulet.
En conferencia: Pagliotto (centro) y Mulet a su derecha, junto con el abogado Iván Vernengo
"En virtud de la nota periodística editada en el quincenario ANALISIS, en la que se describen mecanismos vinculados a operatorias de compra y venta de divisas y depósitos a plazo con rendimientos de intereses en el ámbito del H. Senado de la Provincia de Entre Ríos, entre los años 2012/2014 y en la que aparecen –según la especie- involucrados funcionarios de la gestión gubernamental 2011/2015, resultando la actividad cambiaria y financiera llevada delante de modo clandestino y sin las autorizaciones impuestas por las normativas vigentes, se precipitarían conductas que podrían encuadrarse como violatorias de la Ley Penal Cambiaria, y también otras que, aún siendo delitos propios de la justicia penal ordinaria, quedarían atraídos por el fuero federal ante la comisión de hechos de específicamente delegados a la competencia federal en razón de la materia", dice la presentación de los letrados paranaenses ante el fiscal federal de Paraná.
Y prosigue: "Ante este cuadro factual y el contexto en el que los posibles injustos se habrían cometido por parte de funcionarios públicos y de cuyo tenor se barrunta clara y concretamente la posible comisión de ilícitos en perjuicio de la administración pública, es menester su inmediata y directa intervención, a fin de adoptar las medidas procesales y el temperamento que determinen las normas de forma y fondo vigentes, en cumplimiento de su ineludible, correcto y oportuno rol funcional".
Asimismo, los profesionales del Derecho argumentaron que la demanda obedece "a razones de estricto compromiso ciudadano y profesión de fe republicana, en aras de acercar evidencias indiciarias o probatorias y colaborar con la investigación de graves hechos de corrupción en nuestra provincia y que en modo alguno podemos ignorar", al tiempo que observaron: "Deberían ser investigados `de oficio' por quienes se desempeñan en el Ministerio Público Fiscal, anoticiados de hechos que pudieran encuadrar en algún tipo penal".
En ese orden, concluyeron, que el fiscal, "de considerarlo oportuno, citará, en la forma y bajo los apercibimientos de ley, a fin de que presten declaración indagatoria, y en calidad de imputados, a las personas mencionadas en la especie periodística y cuyo rol o actividad en los hechos ameriten que ello sea así, acerca de hechos que eventualmente puedan revestir el carácter de conductas tipificadas en la ley penal de fondo, las que serán definidas por el Ministerio Público Fiscal.".
Publicó: Análisis Digital
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Descontrol | Pagaban hasta $3 mil por las armas del depósito del STJ

Así trascendió al conocerse detalles de la investigación, que está a punto de concluir. Estiman que del Poder Judicial faltaron unas 50 armas. El circuito ilegal empezaría con el perito Antonio Vitali.
La causa por venta de armas desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) está pronta a concluir. En la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se pudo determinar que de un total de 3.000 armas que estaban en el depósito de tribunales, vinculadas a distintas causas, salieron unas 50 de distinto calibre.
El fiscal Ignacio Aramberry, a cargo de la pesquisa, contó que están esperando el resultado de pericias telefónicas y sobre computadoras, por lo cual la investigación podría ampliarse a otras personas que hasta ahora no están imputadas.
"Esperamos que para mediados de diciembre podamos pedir la elevación a juicio oral", dijo y marcó que en la pesquisa todavía faltan los resultados de pericias sobre teléfonos y computadoras. "Eso podría ampliar la investigación a otras personas que no están imputadas", adelantó.
Señaló, además, que en el marco de la IPP hallaron "una lista de precios" y pudieron corroborar que por las armas se pagaba "hasta 2.000 o 3.000 pesos". El circuito comenzaba en dos empleados de tribunales. El jefe del área, perito balístico Antonio Vitale habría entregado las armas a otro empleado del STJ, quien sería el nexo con diversas personas que las requerían por fuera del Poder Judicial.
Las armas que faltan
"Hace unos días terminamos con la labor de confeccionar un registro de las armas vinculadas a distintas causas, que debían estar en el depósito. Detectamos que de un total de 3.000 faltaron unas 50 armas. Ahora estamos esperando que nos lleguen los resultados de las pericias telefónicas y sobre computadoras y con eso estaría concluida la investigación", precisó Aramberry.
El fiscal agregó que las armas que faltaron de tribunales son "fundamentalmente de guerra, de grueso calibre" y detalló: "Más allá de las 9 milímetros, faltaron revólveres de 22, 32 y 38 milímetros, grueso calibre", remarcó.
Hasta hoy hay dos imputados
En cuanto a los imputados en la causa, el perito balístico Antonio Vitali y el empleado judicial Maximiliano Bertoni, el fiscal Aramberry dijo que la investigación podría ampliarse a otras personas, de acuerdo a los resultados de las pericias que están esperando.
Contó que están con "restricciones al igual que el resto de los imputados, restricciones preventivas. No pueden acercarse a determinados lugares, ni contactarse con determinadas personas, ni salir de Paraná. Al concluir con las pericias, tengo la esperanza que a mediados de diciembre se pueda remitir la causa a juicio oral", completó.
"No se descarta nada. Estamos esperando los análisis de computadoras y teléfonos, y eso podría arrojar algo distinto a lo que actualmente hay en la causa, en el sentido que se amplíe a otras personas", deslizó.
Sobre la maniobra desplegada para cometer la sustracción de armas depositadas e insertarlas en el mercado ilegal, el fiscal describió que "eran entregadas por uno de los imputados a otro, y a su vez eran distribuidas por este otro a otras personas que las ubicaban entre otras personas".
Es decir, Vitali le habría facilitado las armas a Bertoni, quien sería el nexo con las personas requirientes, por fuera del circuito judicial. "Las entregaban a personas en concreto, pero no tenemos determinado si esas personas pertenecían a bandas o no", aclaró.
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Delincuentes encapuchados tienen en vilo a localidad entrerriana


Para robar tapan las cámaras de seguridad. En uno de sus últimos golpes se llevaron mercadería por un valor de 100.000 pesos.
Feliciano, el municipio del norte entrerriano que tiene 12.000 habitantes, está conmocionado por los robos que realizaron sujetos encapuchados.
En una tienda de ropa se llevaron mercadería por un valor cercano a los 100.000 pesos y en una zapatería, a pocos metros, ingresaron, taparon las cámaras pero no robaron nada.
El dueño del local céntrico calculó que los ladrones se quedaron con el 40% del stock que tenía para ventas de fin de año.
El robo se produjo cerca de las 2 de la madrugada del domingo en el local de calle Belgrano que se encuentra a pocos metros de la Departamental de Policía.
Desconocidos, que tenían tapadas sus caras con máscaras y las manos con guantes, se llevaron una gran cantidad de jeans de primeras marcas y unos 20 pares de zapatillas.
Las cámaras de seguridad grabaron el ingreso de los ladrones encapuchados que fueron directo a neutralizar los dispositivos de grabación.
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