Se trata de Leonardo Fornerón; su beba fue entregada por su madre biológica un día después de su nacimiento, en junio de 2000; un fiscal pidió que sean indagadas diez personas por sustracción y retención de menores.
En las últimas horas, el fiscal en lo criminal y correccional porteño Ignacio Mahiques pidió que sean citadas a declaración indagatoria diez personas. Las acusa del delito de sustracción y retención de menores.
Entre los imputados está el matrimonio que recibió la guarda de la menor, identificado en el dictamen como B. y Z.; la madre biológica, Diana Enríquez; el por entonces juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad entrerriana de Victoria, Raúl del Valle; los funcionarios judiciales que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores, Julio Guaita y Marcelo Balbi; la perito psicóloga Daniela Kairuz, y el abogado de los "padres adoptivos", Salvador Espona. La jueza Alicia Iermini deberá definir si hace lugar a lo solicitado por el fiscal.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIDH), que en 2012 le dio la razón al padre biológico y sentenció que la Argentina había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre Fornerón y su hija.
En 2011, cuando tuvo que declarar en una audiencia de la CIDH, Fornerón se quebró y no pudo aguantar las lágrimas cuando recordó que le ofrecieron dinero para que dejar de intentar recuperar a su hija y que el juez que firmó la guarda para adopción de la menor le dijo que lo hacía porque "él era pobre y el matrimonio que la tenía estaba en una mejor posición económica".
Fuente: La Nación