Cinco años después del fallo de la CIDH en favor de Fornerón, la Justicia decidió ayer la citación de diez personas vinculadas con una adopción otorgada en 2000, en Victoria, Entre Ríos.
Una mujer que pocas horas después de dar a luz entregó a su hija, y el matrimonio que se quedó con la beba y tramitó su adopción en la justicia de Entre Ríos serán indagados como acusados del delito de sustracción y retención de un menor de 10 años.
También serán indagados otros siete sospechosos, entre ellos Raúl del Valle, que hace 17 años, cuando nació la beba, era juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos; los funcionarios judiciales que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores, Julio Guaita y Marcelo Balbi; la perito psicóloga Daniela Kairuz, y el abogado que en su momento representó a los “padres adoptivos”, Salvador Espona, y dos hombres que hicieron las veces de intermediarios entre las partes.
Así lo resolvió la jueza en lo criminal y correccional porteña Alicia Iermini, al hacer lugar al pedido del fiscal Ignacio Mahiques. El delito de sustracción y retención de menores de 10 años tiene prevista una pena de entre 5 y 15 años de prisión.
La resolución de Iermini y el dictamen del fiscal Mahiques representan un fuerte apoyo a la lucha de Leonardo Fornerón, el padre biológico de la menor, que desde junio de 2000 mantuvo una lucha judicial para recuperar a su hija, que fue entregada sin su consentimiento.
En su dictamen, Iermini afirmó que todos los citados a indagatoria son “convocados bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenarse sus detenciones en caso de inasistencias injustificadas”.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 sentenció que el Estado argentino había violado los derechos esenciales de padre e hija a convivir en familia, además de negar el derecho a la identidad, y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre Fornerón y la menor.
En 2011, Fornerón declaró en la CIDH. Su testimonio fue conmovedor. No pudo ocultar las lágrimas cuando hablaba de su hija. Y afirmó que el juez de primera instancia [por Del Valle]le dijo que no le daba la tenencia de su hija porque era pobre y que el matrimonio que tenía la guarda para adopción tenía una buena posición económica.
“La ilegítima entrega de XX [tal como se define a la menor en la presentación del fiscal], en el que asumieron un rol protagónico Diana Enríquez [madre biológica], el matrimonio integrado por B. y Z. [como se identifica a la pareja], y el defensor Guaita, constituye un rol neurálgico de la imputación, al que luego le va a seguir una extensa cadena de ilegalidades que, bajo ropajes formales, se opondría entre Fornerón y su hija”, afirmó Mahiques en su dictamen, presentado a fines de la semana pasada.
Los primeros en prestar declaración indagatoria serán B. y Z. Fueron citados para el 16 del mes próximo. El segundo turno es para la madre biológica y Espona, que en 2000 representaba a B. y Z. La fecha para ellos es el 17 de octubre próximo. Un día después deberán presentarse A.B. y P.R., señalados como intermediarios entre la madre biológica y el matrimonio integrado por B. y Z.
El 19 del mes próximo deberá concurrir al juzgado la psicóloga Kairuz y Guaita. El último día de audiencias, el 20 de octubre, será el turno para las indagatorias de Del Valle, ya jubilado, y Balbi.
Un largo camino
Un largo camino
Fornerón y Enríquez vivían en Rosario del Tala, Entre Ríos. Su relación sentimental terminó antes de que él se enterara de que iba a ser padre. A pesar de que siempre dijo que quería hacerse cargo de su hija, no la pudo conocer porque la madre biológica, que dio a luz el 16 de junio en Victoria, la entregó 24 horas después del parto.
A pesar de las adversidades, Fornerón siempre luchó por su objetivo. Según recordó el fiscal Mahiques en su dictamen, en septiembre de 2000, el padre biológico de XX se reunió con B. y el abogado Espona en las inmediaciones de la Municipalidad de Rosario del Tala. Según el relato de Fornerón, en el encuentro B. le dijo que quería a la beba y que le pidiese lo que deseaba. Él le dijo que su único objetivo era recuperar a su hija. Entonces, según consta en el expediente, Espona le indicó que iba a tener que demostrar su paternidad. El estudio de ADN demostró, sin dejar dudas, de que la menor era su hija.
La sospecha, según fuentes judiciales, es que la menor fue entregada a cambio de dinero. Pero esa situación no se pudo confirmar. Una testigo, una vecina que le avisó a Fornerón que su ex pareja estaba embarazada, afirmó que a ella le ofrecieron 6.000 dólares por su hija, pero que se negó.
Protagonistas
Protagonistas
Ignacio Mahiques, fiscal. El representante del Ministerio Público solicitó la semana pasada el llamado a indagatoria del juez que otorgó la adopción, de la madre biológica y del matrimonio que recibió a la beba.
Raúl del Valle, ex juez. Fue el magistrado que otorgó la guarda judicial de la beba en 2000, pocos días después de que el padre biológico reclamase sus derechos. Será indagado el 20 de octubre próximo.
Fuente: LA NACIÓN
Fuente: LA NACIÓN