La edad de imputabilidad bajará a 14 años en la Argentina tras la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil por parte del Senado de la Nación. Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la Cámara Alta convirtió en ley el proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.
La norma crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a su edad y asegurar la plena vigencia de garantías constitucionales.
El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y dispone que los menores de 18 años no podrán compartir ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
Principios y garantías del nuevo régimen
El Régimen Penal Juvenil introduce principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad en la aplicación de la privación de libertad. La ley prioriza la resocialización y prevé que los adolescentes cuenten con defensa técnica desde el inicio del proceso.
Las causas deberán tramitarse en órganos y centros especializados, con intervención judicial rápida y el derecho del joven a ser escuchado. También se garantiza la participación activa de la familia durante el proceso.
En cuanto a las víctimas, la norma les otorga un rol central: se garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, así como participar en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
Sanciones y límites de condena
El sistema establece un esquema progresivo y diversificado de sanciones. Para delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez años sin violencia grave o muerte, se priorizarán medidas alternativas como amonestaciones, tareas comunitarias, monitoreo electrónico o prohibiciones de contacto.
La privación de libertad solo se aplicará en casos de delitos graves, como homicidios, abusos sexuales, secuestros o robos violentos. Se prohíbe expresamente la prisión perpetua para menores.
El tope máximo de condena será de 15 años, incluso si la escala penal del delito es superior. Además, al cumplir dos tercios de la pena, el tribunal podrá sustituir el tiempo restante por medidas alternativas si se cumplen los requisitos legales.
Ejecución y condiciones de alojamiento
La ley incorpora la figura del supervisor judicial especializado, encargado de monitorear el proceso de reinserción del adolescente durante la ejecución de la sanción.
Se establecen estándares específicos de alojamiento que prohíben la convivencia con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. También se prevé diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, además de capacitación obligatoria del personal.
En casos de menores inimputables, el texto dispone la intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras bajo la órbita de la justicia civil.
Presupuesto y aplicación
Para implementar el nuevo sistema, se asignó un presupuesto de 23.739 millones de pesos, de los cuales más de 20.000 millones estarán destinados a la Defensoría General de la Nación.