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El Gobierno provincial y la Cámara de la Construcción alcanzaron un principio de acuerdo para reactivar la obra pública

El Gobierno provincial cancelará el 100% de la deuda con pymes constructoras a fin de cuidar fuentes de trabajo. También cancelará un monto importante de la deuda con las empresas grandes, con las que abrirá un compás de negociación por el saldo. El objetivo es sostener la curva de obras sin comprometer recursos que el Estado no tiene, indicaron fuentes oficiales a los medios.
El entendimiento se alcanzó durante las primeras horas de la tarde, en un encuentro entre el gobernador Rogelio Frigerio y parte de su gabinete con representantes de la Cámara de la Construcción.
En la mesa de negociaciones entre las autoridades provinciales y los representantes de las constructoras estuvo el saldo impago por certificados vencidos. Se trata de obras que licitó la provincia, que tienen avance y que acumulan deudas por un valor de 10,5 mil millones de pesos.
El Gobierno ofreció $ 4 mil millones para comenzar a cumplir. El esquema de distribución sería el siguiente:
- ¼ de ese monto iría a cancelar en su totalidad los certificados menores a 50 millones de pesos. Estos están en manos unas 100 pymes que, con el pago, quedarían al día.
- Los ¾ restantes se destinarán a los certificados de más de $ 50 millones, emitidos por unas 42 empresas. El pago se concretaría con el giro del 30% ahora y el saldo en 4 cuotas, que se indexarán conforme a la tasa activa del Banco Nación.
Con esta medida, el Ejecutivo logra descomprimir financieramente a las pymes que, con esta bocanada de oxígeno, podrán contener a su plantilla de trabajadores. Y además, reduce el universo de negociación, ya que de dos terceras partes de las firmas comprometidas saldrán de la escena.
Las conversaciones continuarán ahora con las 42 empresas restantes. El diálogo se mantendrá por área con el límite del techo presupuestario existente. La orden del Gobernador es no pasarse un peso de la autorización de gasto. En las conversaciones se barajarán otras dos variables: las determinaciones de precios de los proyectos, afectados por la inflación, y la curva de obra que, se estima, volverá a moverse pero de manera más lenta.
El sector oficial también puso sobre la mesa la necesidad de que las empresas abandonen la judicialización de los certificados. El proceso judicial, según estimaron en el Ejecutivo, encarece entre un 30 y un 40% la obra. En un esquema de restricción financiera y donde toda la plata sale del mismo fondo, cada peso que se lleve una empresa por esta vía afectará a las demás en su derecho a cobrar.
Las fuentes oficiales fueron optimistas sobre la comprensión empresaria en este punto. Además, señalaron que las charlas con la Cámara de la Construcción se prolongarán durante todo el mes de febrero. Y resaltaron que el esfuerzo financiero es puramente de la Provincia. “Estamos haciendo esto sin plata de la Nación. En el medio de la incertidumbre, estamos haciendo esfuerzos en Buenos Aires para reactivar algunos frentes de obra”, consignaron.