Ayer en la capital provincial, como en muchas ciudades del país, se conmemoró un nuevo aniversario del último golpe de Estado cívico militar, lo que volcó a miles de personas a las calles en pedido de memoria, verdad y justicia.
La izquierda lo hizo bajo la consigna "por los derechos humanos de ayer y de hoy" y en ese marco pidió por: ¡30.000, presentes! ¡No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI! ¡Basta de criminalizar las luchas, Libertad a las presas mapuches y les luchadores! ¡Por trabajo genuino que resuelva la desocupación! ¡Basta de trabajo precarizado, tercearizado y flexibilizado! ¡Abajo la burocracia sindical entreguista!¡Viva la lucha del pueblo peruano; abajo el gobierno golpista!
A continuación, el comunicado completo:
El 24 de Marzo es el día más sentido del calendario nacional. No es ni para un partido de fútbol Argentina-Venezuela, como intentó la Conmebol el año pasado y tuvieron que retroceder, ni para una utilización electoralista, como intentó un sector del gobierno este año y también tuvo que retroceder. Que nadie se confunda ni se deje confundir. El 24 de Marzo es un día de lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy, ¡por Memoria, Verdad y Justicia!
Para que lo sepan las nuevas generaciones y lo recuerden las no tan nuevas: el terrorismo de Estado en nuestro país no empezó en marzo de 1976 sino en 1974-75, bajo el gobierno de Perón e Isabel, que llevó adelante el llamado Operativo Independencia en Tucumán, y con la Triple A y demás bandas fascistas que secuestraron y asesinaron a más de mil activistas, inaugurando el método que se multiplicaría tras el golpe militar.
La dictadura desapareció, torturó y asesinó a miles y miles de militantes populares.
Robó cientos de bebés, que se apropiaron los represores.
Organizó más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.
Ejecutó los “vuelos de la muerte”.
Suspendió y prohibió los partidos políticos.
Intervino los sindicatos.
Censuró la prensa y prohibió listas enteras de artistas.
Por eso, frente a toda la derecha antiderechos que avanza, y que hasta elogia a fachos como el presidente salvadoreño Bukele, repetimos: ¡son 30.000 y fue un genocidio! Y por eso nuestro homenaje es para reivindicar a las y los queridos detenidos-desaparecidos. Es un homenaje a cada una y cada uno de ellos, con sus nombres y sus rostros, pero también es una reivindicación política de sus luchas y su compromiso militante. ¡Las y los 30.000, presentes!
En nuestro país, la construcción de impunidad tiene su historia:
En 1983, antes de caer, los militares dictaron su ley de autoamnistía. Y los gobiernos constitucionales sucesivos buscaron darles impunidad.
En 1985 se enjuició sólo a las juntas.
En 1986-87, el punto final y la obediencia debida.
En los ’90, los indultos de Menem.
Y en 1998, la derogación trucha de las leyes de impunidad.
Pero con la lucha de tantos años, sostenidas con acciones, escraches a los genocidas, más el empuje de la poderosa rebelión popular de diciembre de 2001, al fin en 2003 logramos la nulidad real y reabrir los juicios a los genocidas.
Y en 2017 derrotamos, también en las calles, el intento de la Corte Suprema de darles el 2x1.
Esa batalla sin tregua del movimiento de derechos humanos y las organizaciones populares, con apoyo social, derrotó esos intentos de impunidad. Hasta setiembre pasado, último dato oficial, logramos 1.088 represores condenados y otros 495 procesados. Es un triunfo democrático ejemplar, porque somos el único pueblo del mundo que logró que la justicia civil juzgue y condene un genocidio cometido por el propio Estado. Pero falta:
Porque el gobierno sigue sin abrir todos los archivos de la represión.
Porque siguen sin restituir todas las niñas y niños apropiados.
Porque las causas a genocidas se lentifican y se los sigue favoreciendo con el privilegio de la prisión domiciliaria.
Y porque incluso deja libres a algunos, como el represor Juan Carlos Fotea, que intervino en los secuestros de Rodolfo Walsh, las monjas francesas y Madres de Plaza de Mayo en la Iglesia de la Santa Cruz.
Por qué no se avanza a juzgar a los responsables civiles y eclesiástico. La impunidad biológica triunfo con Carlos Pedro Blaquier , responsable de los secuestros de las "Noches del Apagón" en Jujuy y emblema del accionar empresarial en la dictadura.
Y tanto ayer como hoy hay un nexo directo entre ajuste y represión. La dictadura fue alentada por el imperialismo acá y en todo el Cono Sur aplicado el Plan Condor. En nuestra capital provincial, el plan tuvo como víctima a Agustín Goiburú Jiménez, médico paraguayo que huía se las torturas, secuestros y prisiones ilegales que la dictadura paraguaya dirigida por Alfredo Stroessner le proporcionó. Goiburú fue secuestrado el 9 de febrero de 1977 en la vía pública frente a la vivienda ubicada en la calle Nogoyá n° 579, de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, por integrantes de las fuerzas represivas estatales que actuaban en forma coordinada con las fuerzas represivas paraguayas.
El Plan cóndor fue una política financiada por el FMI y apoyada por las multinacionales y los capitalistas locales. Su objetivo fue bien claro: derrotar la lucha obrera y popular e imponer un modelo económico de entrega total de nuestro país. A sangre y fuego, cayeron a pique los salarios y aumentaron los ritmos de trabajo. Y a sangre y fuego también, multiplicaron la deuda externa de 7.000 millones de dólares en 1976 a 47.000 millones en 1983.
Todos los gobiernos posteriores pagaron esa deuda fraudulenta e ilegítima a costa de ajuste, privatizaciones y entrega. Sólo con el Argentinazo de 2001 prácticamente se dejó de pagar por más de un año, obligando a volcar gran parte de esa plata a la ayuda social. Luego el gobierno peronista de Néstor Kirchner, que hablaba de “desendeudamiento”, pagó casi 70.000 millones de dólares y ya en el Gobierno de Cristina se autodenominaron “pagadores seriales”. El colmo fue el gobierno de derecha de Macri, que en 2018 pactó un préstamo de 45.000 millones de dólares, el más alto en la historia del FMI, que terminó en fuga de capitales a través de los bancos.
Un nuevo gobierno peronista, hoy el de Alberto y Cristina Fernández, que se pretende distinto, convalidó esa deuda trucha en el Congreso y la sigue pagando, incluido el nuevo canje de Massa, y encima con el FMI monitoreando colonialmente la economía en directo. A lo largo de estos 40 años de esta democracia capitalista, pagamos, pagamos y pagamos, pero al final hoy la deuda supera los 400.000 millones de dólares, ¡o sea nueve veces lo que se debía al empezar la democracia! No es una deuda real ni un préstamo legítimo a devolver: ¡es una estafa y las estafas no se pagan!
Esa estafa viene de la mano con un ataque a los derechos humanos y democráticos. Por un lado, las medidas pactadas con el Fondo nos traen más pobreza, bajos salarios y jubilaciones, desempleo y precarización. Recorte de planes sociales. Menos presupuesto para salud, educación, vivienda, políticas de género y diversidad. Y además profundizan el modelo de extractivismo, saqueo y contaminación ambiental con tal de juntar dólares para pagar la deuda. ¡Así, con hambre, ajuste y entrega no hay derechos humanos!
Pero como ningún ajuste pasa sin represión, el Estado, con el fogoneo de los patronales y los grandes medios, criminaliza las luchas y ataca derechos democráticos básicos: el derecho a la protesta social, el derecho de huelga, los fueros de las y los delegados sindicales. Y son derechos básicos porque la organización y la movilización obrera y popular son justamente la única garantía para conquistar derechos, para defenderlos y para lograr nuevos.
Con la excusa de la pandemia, este gobierno no sólo benefició a la salud privada en perjuicio de la salud pública, sino que les dio más poder de control social a la policía y la gendarmería. En 2022, entre gatillo fácil, femicidios de uniforme, muertes bajo custodia y otros hechos similares, las fuerzas represivas asesinaron a 436 personas, sobre todo jóvenes y pobres. O sea, el Estado argentino comete un asesinato directo cada 20 horas.
En nuestra provincia seguimos exigiendo verdad, juicio y castigo por las muertes por gatillo fácil, que involucran el accionar de las fuerzas represivas. Gabriel Gusmán, José Luis González y Vicky Núñez de Paraná; Sebastián Briozzi, Miguel Varela y Erik Valdez de Concordia; Iván Pérez de Gualeguaychú y Leonardo Quintana de Victoria son los nombres y las historias que reflejan la escalada de violencia institucional que vivimos. Una vez más expresamos el rechazo a la criminalización de la pobreza. También denunciamos los discursos reaccionarios y el negacionismo de Gustavo Maslein, jefe de la Policía de Entre Ríos. Sabemos que nadie se suicida en una comisaría, exigimos el fin de las prácticas de torturas en las comisarías. Sostenemos que ante estas fuerzas represivas y la justicia clasista, el único instrumento que tenemos para alcanzar justicia en los casos de violencia institucional y gatillo fácil, es la organización y lucha en la calle.
El relato y las medidas del poder capitalista y sus voceros son pura hipocresía. Demonizan al pueblo mapuche, lo acusan de “usurpar tierras” y retienen presas a cuatro mujeres. Pero al magnate británico Joe Lewis lo dejan apropiarse del Lago Escondido, cerrar el camino público y atacar con su policía privada a quien intenta pasar. Y en Chubut, un emir multimillonario de Qatar pretende apropiarse de las nacientes de ese río que irriga toda la provincia. Pero el poder demoniza a las mujeres mapuches que defienden la zona. ¡Joe Lewis, el emir de Qatar, Benetton, las petroleras y megamineras, las estancias inglesas, ésos son los que usurpan nuestro territorio!
Y lo mismo con los movimientos sociales que salen a reclamar. Mientras crece la pobreza y el desempleo, el gobierno nacional y su ministra Tolosa Paz, que vive en un country, pretenden anular miles de planes sociales, congelar los montos y recortar la comida a los comedores populares. Pero denigran y acusan a los piqueteros, que reclaman trabajo genuino. Y encima el facho José Luis Espert, defensor de la dictadura, pide “cárcel o bala” para los dirigentes. ¡Es una instigación al ataque directo! Porque esos discursos de odio de clase, odio racista, odio político, alientan crímenes de odio como el atentado a la vicepresidenta meses atrás o los ataques a locales de partidos de izquierda, hechos que repudiamos sin excepción.
En provincias como Jujuy, Salta, Río Negro, Chaco, Misiones y otras, los gobernadores aumentan las multas y la persecución a la protesta social y la justicia agrava las condenas al activismo, los desalojo frente a la lucha por un lugar donde vivir crecen a diario. En Córdoba, la policía hace espionaje sobre las organizaciones en lucha, como en nuestra provincia ya denunciamos el año pasado lo hacen sobre las organizaciones socioambientales. En CABA la policía de Larreta reprimió a vecinos que reclamaban por los cortes de luz, manteros que intentan ganarse el pan, marchas de desocupados y hasta festejos del Mundial. Por eso repetimos: ¡si tocan a une, nos tocan a todes!
Su orientación política tanto ayer como hoy no pasan sin represión, por eso reivindicar hoy a los 30.000 es revindicar las heroicas luchas de los pueblos por defender lo que es nuestro, como fue el Chubutazo, y denunciar la represión hacia nuestras luchas por parte de los gobiernos a pedido del FMI no puede tener medias tintas:
Basta de reprimir las protestas y perseguir a quienes salimos a luchar.
Cierre de las causas contra activistas populares.
Anulación de las leyes antiterroristas que criminalizan nuestras luchas y luchadores
Absolución a César Arakaki, Daniel Ruiz y Sebastián Romero. Libertad a Milagro Sala, Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y sus hijes, Facundo Jones Huala y los obreros petroleros de Las Heras. ¡Libertad a todas las presas y presos políticos, en nuestro país y en todo el mundo!
También cuestionamos a la justicia. Y rechazamos su utilización para persecución política, según los vaivenes del poder. Pero digamos las cosas como son: a la actual Corte Suprema la votaron juntos el macrismo y el peronismo en el Senado. Que nadie se haga el sorprendido. Para avanzar hacia una justicia mínimamente democrática e independiente del poder político, los jueces, juezas y fiscales se deberían elegir por voto popular, por mandatos limitados y no vitalicios, revocables y sin privilegios.
Por Julio López, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Luciano Arruga, Facundo Castro, Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, Mariano Ferreyra, Maxi Kosteki, Darío Santillán, Víctor Choque y tantos y tantas más, seguimos defendiendo los derechos humanos de ayer y de hoy:
Exigimos al gobierno la apertura y el acceso a todos los archivos de la represión. Lo mismo a la Iglesia, que sigue negando su complicidad.
Así como las Abuelas y la lucha popular ya recuperaron a 132 nietas y nietos, vamos por la identidad de todes les jóvenes apropiados.
Se deben acelerar y unificar las causas contra genocidas cívico-militares-eclesiásticos, porque 1.023 de los enjuiciados murieron sin sentencia, con impunidad biológica.
Como el 76% de los genocidas condenados está en su casa, decimos basta de prisiones domiciliarias: ¡cárcel común, perpetua y efectiva!
Muchas ex presas y presos políticos, ex exiliados, hijas e hijos y sobrevivientes del terrorismo de Estado reciben pensiones mínimas, están enfermos y sin obra social. Exigimos que se cumplan las leyes reparatorias y se actualicen sus haberes.
A dos años de su desaparición, exigimos saber dónde está Tehuel.
Repudiamos las pistolas Taser, esas picanas eléctricas que compraron Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y ahora también Aníbal Fernández.
Exigimos el desmantelamiento de todo el aparato represivo. Y basta de gatillo fácil, razzias y detenciones arbitrarias, desapariciones, femicidios de uniforme, redes de trata, torturas y muertes en sitios de detención.
Y repudiamos el envío a Rosario de militares con la excusa de urbanizar barrios, y más policías y gendarmes con la excusa del narcotráfico, cuando es sabido que esas fuerzas represivas son parte del delito.
También reclamamos el no pago de la deuda externa y la expropiación a quienes la fugaron y se beneficiaron con ella. Decimos: ¡Fuera el FMI, sus planes de ajuste y sus monitoreos! ¡Plata para salarios, jubilaciones, empleo, vivienda, salud y educación!
Desde esta movilización damos nuestro apoyo a todas las luchas sociales que cruzan el país, y en particular a las que llevamos en nuestra provincia. Atravesamos un año marcado por la lucha socioambiental por la ley de Humedales, contra las fumigaciones y el agronegocio, contra la explotación de la arena sílice para el fracking, por la recuperación de la hidrovia. El modelo de provincia que profundiza el PJ de la mano de Bordet es extractivismo, y explotación. Es más saqueo, extranjerización de la tierra y pobreza. Luchar por los DDHH hoy es luchar por un modelo productivo al servicio de las necesidades sociales y no de las ganancias capitalista. Por eso luchamos por agroecología, por el reparto de las tierras, por la estatización de los puertos para recuperar nuestros territorios y producir comida no commodities.
Las lucha de los trabajadores del trasporte por un trasporte público de calidad, la lucha de las y los trabajadores de las aplicaciones de reparto por condiciones dignas de trabajo, de los y las docentes y estatales por salarios dignos, de los trabajadores industriales contra la explotación, de las y los trabajadores del VEA contra los despidos, la de los y las piqueteras por trabajo genuino y la de los y las estudiantes por condiciones dignas en las escuelas son nuestras luchas! Por eso queremos denunciar: Qué el ajuste que Bordet y los intendentes aplican sobre nuestras espalda está respaldado por una burocracia sindical que piensa más en como ubicarse en las filas de la coalición gobernante que en defender los derechos conquistados con historia de lucha. Las paritarias firmadas recientemente por los gremios de la provincia muestran una orientación de entrega. Lejos quedó la lucha por paritarias libres y sin techo tan necesaria en un contexto de inflación asfixiante
Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con las luchas de nuestro continente y del mundo:
Estamos junto al pueblo hermano de Perú. Pese a la represión asesina que ya causó más de 70 muertes, sigue luchando para derrotar al gobierno golpista de Dina Boluarte y el Congreso corrupto, lograr la libertad de Pedro Castillo, poner fin al régimen heredado del fujimorismo, llamar a una Asamblea Constituyente libre y soberana, y nacionalizar el petróleo y la minería. A la vez, exigimos al gobierno argentino que rompa relaciones con el gobierno de Boluarte.
Fuera las tropas extranjeras de Haití. Derecho del pueblo a decidir su destino.
Justicia por las niñas asesinadas en Paraguay; Lilian Mariana y María Carmen. Aparición con vida de Lichita. Búsqueda efectiva por parte del Estado paraguayo y argentino. Libertad a Carmen y Laura Villalba .Estado paraguayo narcoterrorista e infanticida.
Y decimos: No a la guerra. Fuera las tropas rusas de Ucrania. Fuera la OTAN del Este de Europa y por su disolución.
Libertad a Julian Assange, perseguido por denunciar los crímenes del imperialismo.
Repudiamos los bombardeos de Irán y Turquía contra el pueblo kurdo.
Viva la lucha de las mujeres y el pueblo iraní contra ese gobierno dictatorial.
Viva la resistencia palestina contra el Estado genocida de Israel. En nuestra provincia, rechazamos la media sanción a la ley “antidiscriminatoria” de Bordet: Antisionismo no es Antisemitismo.
Viva la lucha de los trabajadores de Francia contra la reforma anti-jubilatoria de Macron.
Para cerrar este enorme y combativo acto popular, a 47 años del golpe genocida, desde el EMVJ repetimos: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y seguimos las luchas en las calles.
¡No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI!
¡Basta de criminalizar las luchas!
¡Viva la lucha del pueblo peruano contra el gobierno golpista!
¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes!
¡Venceremos!