De ese modo, la magistrada acogió favorablemente el planteo de ATE y ordenó la suspensión de los efectos de la resolución N° 1.248/2019, emitida por el directorio de Iafas, por lo que el organismo deberá seguir pagando la licencia gremial al delegado Héctor Alberto Ortiz, «a quien se lo deberá mantener en idénticas condiciones a las que se encontraba momentos previos a la Resolución mencionada, y en consecuencia al pago de las remuneraciones mensuales de manera habitual y normal con todos sus adicionales y demás accesorios que por derecho le correspondan conforme a cargo y función asignados».
La conducción provincial de ATE decidió llevar a la Justicia dos conflictos que se suscitaron en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas).
Oscar Muntes, secretario general de ATE, dijo a Entre Ríos Ahora que el gremio tiene fuertes desacuerdos con las autoridades de Iafas respecto a la negativa del organismo a otorgar licencias gremiales pagas a los representantes del sindicato, entre los que están los secretarios generales de las seccionales Federación y Concordia.
Según contó Muntes, el Iafas autorizó cinco licencias gremiales, pero otorgó esos persmisos sin pagarles el salario, en abierta violación, dijo el dirigente, a la legislación en materia de asociaciones sindicales. El otro frente de conflicto tiene que ver con el modo de elección de los delegados: ATE sostiene la necesidad de realizar elecciones abiertas y participativas, pero desde Iafas les exigente que para autorizar la realización de esos comicios primero deben tener una nómina de los que serán elegidos.
«Eso es imposible. Los delegados son votados por los compañeros. El sindicato no puede elegir a dedos a quiénes los va a representar», explicó Muntes.
ATE hizo una presentación ante el gobernador Gustavo Bordet y pidió una audiencia para ponerlo al tanto, dice el texto de la nota fechada el viernes 20, de las “irregularidades” que ocurren en Ifas, “como el desconocimiento de los delegados del sector electos por sus compañeros trabjadores, el no reconocimiento de las licencias gremiales determinadas por este sindicato”, a lo que agregan “las reiteradas denuncias por hostigamiento, inicio de sumarios administrativos, acoso y violencia en diversas localidades que no son atendidas por el directorio, pese a que cuenta con un representante de los trabajadores, paradójicamente también denunciado”.
Se refiere ATE al director obrero Gabriel Abelendo, que representa a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Qué dice Iafas
Desde el organismo dijeron que «si bien a la fecha Iafas no ha sido notificado fehacientemente de la medida cautelar ni de la acción principal –sólo se tomó conocimiento por oficio judicial de la manda que imponía la suspensión de la Resolución N° 1.248/19 y sus efectos-, cabe destacar al respecto que, en toda instancia, el Instituto actuó de acuerdo a las normativas vigentes, procurando no perjudicar a nadie con sus acciones».
«Así, a requerimiento del agente en cuestión, le otorgó la licencia gremial requerida y consideró que la misma debía ser sin goce de haberes, entendiendo que había sido solicitada para ejercer un cargo en representación de la comisión directiva, precisamente en el ´consejo directivo provincial´ de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Federación», añadieron.
Y apuntaron: «Ese accionar se basó en el artículo 48 de la Ley Nº 23.551, que establece: ´Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejarán de prestar servicios, tendrán derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporado al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un (1) año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido´”.
Desde Iafas apuntaron que esa posición «se encuentra respaldada por antecedentes judiciales, como la sentencia del 27 de septiembre de 2017» caratulada «García Adrián Alberto c/Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de Entre Ríos s/Amparo Sindical», y en la sentencia emitida el 1º de agosto de 2019 en la causa «Acosta Pablo Néstor Fabián c/Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social s/Amparo Sindical».
«El espíritu del accionar de Iafas –basado en las normativas y antecedentes mencionados- también contempla la revisión de cada caso, procurando cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes y garantizando el acatamiento de las decisiones judiciales», dijeron.