El Senado provincial dio media sanción a la adhesión a la Ley Micaela

Fue en la sesión que se desarrolló el miércoles por la noche. Se trata de una iniciativa impulsada por el senador Ángel Giano, al que se le hicieron modificaciones durante el trabajo en comisión. De ese modo, el proyecto no sólo adhiere, sino que además crea un observatorio para el seguimiento de su aplicación.
“Entre Ríos no puede dejar de tener un programa de lucha contra la violencia de la que son víctimas las mujeres”, remarcó el senador por Concordia en la sesión que dio media sanción al proyecto de ley que adhiere a la ley nacional N° 27.499, conocida como Ley Micaela.
Durante su intervención, Giano recordó que luego de un primer proyecto que, con un solo artículo, disponía una adhesión lisa y llana, presentó un segundo proyecto de ley que fue elaborado a partir de la intervención de integrantes de la Fundación Micaela García y del aporte del diputado Gustavo Zavallo, que había presentado una iniciativa en la Cámara de Diputados.
Además se analizó el tema con el gobernador Gustavo Bordet, con las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Gobierno, Rosario Romero, con el ministro de Economía, Hugo Ballay, y con autoridades del Consejo de Prevención de las Violencias (Coprev) y el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf).
Como producto de esos diálogos se incorporó al proyecto la creación de un Observatorio con participación de los tres poderes, cuya función será básicamente el contralor y seguimiento de las capacitaciones que se realicen. Otro punto que se introdujo es que el Ministerio de Desarrollo Social será la autoridad de aplicación de esta ley en la provincia.
El titular del bloque del FPV en el Senado entrerriano destacó “el compromiso del gobernador Gustavo Bordet para que, luego de la sanción definitiva en la próxima sesión en la Cámara de Diputados, esta ley comience a ponerse en práctica en los primeros meses del año que viene”.
La Ley Micaela impulsa la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado.
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