Entrevista al Dr. Lautaro Valdiviezo, Director de Políticas Alimentarias de la Provincia de Entre Ríos, del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del tratamiento legislativo de la Ley de Emergencia Alimentaria.
¿Que es la emergencia alimentaria?
La Ley de Emergencia Alimentaria es un paliativo que prevé un incremento de un 50 % de la partida del gobierno nacional destinado a las políticas alimentarias. Se da esto en forma de ley porque fundamentalmente hubo un retroceso de las políticas nacionales en cuanto a políticas alimentarias. Lo vemos con claridad en Entre Ríos. Por otro lado, los legisladores nacionales han pedido que, la ampliación de partidas, sea coparticipable a las provincias y sean éstas quienes las ejecuten. En la provincia hay dos programas que funcionan en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que necesitan con urgencia la ampliación de partidas. El esfuerzo que hemos hecho desde la provincia para paliar el retroceso de las políticas nacionales en la materia de tarjeta social o comedores ha sido muy importante
¿En que ayudaría a la provincia de Entre Ríos la sanción de esta ley?
En principio buscamos que ese incremento presupuestario se aplique a los programas que el gobierno nacional ya ejecuta en la provincia, como son el Convenio de Abordaje Federal y lo que se conoce como Refuerzo Alimentario Nacional. Si el incremento va hacia ahí, sería un aumento de 50% más de lo actualmente recibido. En el primer programa implicaría unos 45 millones de pesos más y en el segundo unos 17 millones. Nosotros buscamos este camino y no el que puede ejecutarse a través de módulos alimentarios, ya que con las tarjetas, que es la forma en que se ejecutan los programas mencionados, los beneficiarios pueden elegir comprar, por ejemplo, productos frescos y en comercios locales.
¿La Nación venía actualizando las partidas?
De darse la Ley, sería una excepción a lo que viene sucediendo. Por ejemplo, en el caso del Convenio de Abordaje Federal, ejecutado entre el Gobierno de Entre Ríos y Nación, desde la administración provincial incrementamos el programa en un 900%, de 17 millones de pesos se extendió a 260 millones. Pero en Nación fue al revés. Mientras que al comienzo de gestión, la inversión del Gobierno Nacional representaba el 76%, hoy no llega al 24. Se ha invertido la proporción de inversión social en estos programas puntuales.
¿La Provincia sintió la demanda social que justifica la Ley de Emergencia Alimentaria?
En mi perspectiva, la Emergencia Alimentaria justifica para que se articulen en este momento todos los medios necesarios para garantizar los alimentos a las personas que se encuentran en situación vulnerabilidad. La necesidad se justifica en la situación social que se encuentra nuestro país. Primero porque las partidas quedaron desvirtuadas por el proceso inflacionario, fundamentalmente en el último año, y con mucha fuerza por sobre los alimentos de la canasta básica. Pero también porque la crisis social y económica generó un aumento de la cantidad de personas que necesitan que el Estado las asista para garantizar los alimentos. En tarjetas sociales estamos entre 8 mil y 9 mil titulares más que el año anterior, estamos llegando a 54 mil familias que asistimos con el programa de Abordaje Federal. En comedores tuvimos un incremento de más de 50 mil raciones. A su vez, la Ley Emergencia Alimentaria no tiene que taparnos el problema de fondo. Necesitamos que el Gobierno Nacional deje este tipo de políticas macroeconómicas que generan exclusión y pobreza. La lógica sería que la gente necesite cada vez menos de los programas alimentarios y asistenciales del Estado. Lo ideal es generar políticas de empleo y trabajo, alimentar el consumo interno y redistribuir la riqueza. Hay que hacerse cargo de la Emergencia, pero hay que revisar el problema de fondo que es el modelo económico.
Publicó: Cinco Noticias
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