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Productores protestaron frente a Tribunales

Productores agropecuarios cortaron con sus camionetas calle Laprida, entre Santa Fe y Córdoba, en rechazo del fallo del STJ que confirmó la prohibición de fumigar con agroquímicos a mil metros de las escuelas rurales y a 3.000 aéreos.
Entidades ruralistas nucleadas en la Mesa de Enlace protagonizaron una protesta con corte de calle frente al Palacio de Tribunales en el centro cívico de Paraná la mañana de este jueves, en rechazo del fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia que el 15 de mayo confirmó la prohibición de fumigar con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de las escuelas rurales y a una distancia de 3.000 para pulverizaciones aéreas.
Las distancias mencionadas, impulsadas en un amparo ambiental por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y el Foro Ecologista de Paraná, quedaron establecidas por "un fallo irresponsable y sin respaldo científico que deja al borde del abismo a miles de productores", opinaron los productores agropecuarios en un comunicado de la Mesa de Enlace, firmado el 16 de mayo por Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación de Cooperativas (FEDECO).
El Superior Tribunal de Justicia recibió a entidades del campo
El Superior Tribunal de Justicia recibió esta mañana a productores agropecuarios que se manifestaron frente a los Tribunales y pidieron ser atendidos para expresar su disconformidad con el fallo judicial que fija límites en la utilización de agroquímicos.
En la audiencia estuvieron el presidente del Cuerpo, Emilio Castrillon y los vocales Bernardo Salduna, Miguel Giorgio y Martín Carbonell.
Tras escuchar los testimonios brindados por 10 productores, Castrillon destacó la independencia del Poder Judicial y sentenció estar a “favor de la producción y de la vida”, por lo que resaltó que es necesario reglamentar una ley acorde para brindar seguridad en la vida de las personas”.
Asimismo dijo que “la defensa de la vida es un precepto constitucional que tenemos que resguardar, respetar y cumplir”. Castrillon agregó: “Es nuestra preocupación y queremos encontrar una solución, pero no es responsabilidad del Poder Judicial”.
En ese sentido habló de la necesidad de acreditar con estudios científicos que los productos que se utilizan para fumigar no producen daños a la salud, lo cual hoy no está acreditado.
Por otra parte, bregó para encontrar una solución al tema entre todos, entendiendo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen la facultad de reglamentar y legislar sobre las normas regulatorias.