Entre los acusados está el exdirector Marcelo Javier Ascúa. La Fiscalía Federal investiga facturaciones "truchas" por prácticas o internaciones falsas.
Las maniobras oscuras se venían observando desde hacía tiempo en la administración del hospital Santa Rosa de la localidad de Lucas González, en el Departamento Nogoyá. Tal vez por compromiso, o quizá para evitar quedar implicado en lo que podría ser un acto de corrupción, una persona decidió denunciarlas ante la Justicia. Una investigación de la Fiscalía Federal derivó en las imputaciones contra cuatro personas: tres médicos y una empleada administrativa. Se sospecha que eran quienes emitían facturaciones "truchas" al PAMI por prestaciones inexistentes. El jueves se desarrollaron las declaraciones indagatorias en el Juzgado Federal de Paraná contra los acusados.
Según informaron fuentes judiciales al medio UNO, aunque los comentarios circulaban desde hace varios años, fue el año pasado cuando formalmente se comenzó a investigar este supuesto ardid delictivo. Una persona declaró en calidad de testigo de identidad reservada y detalló los movimientos que se habrían realizado bajo distintas gestiones en el hospital Santa Rosa, y que afectaban directamente al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
La denuncia recayó en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, que depende de la Procuración General de la Nación. Desde Buenos Aires, su titular, Gabriel González Da Silva, envió las actuaciones a la Fiscalía Federal de Paraná, para iniciar una investigación al respecto.
La denuncia recayó en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, que depende de la Procuración General de la Nación. Desde Buenos Aires, su titular, Gabriel González Da Silva, envió las actuaciones a la Fiscalía Federal de Paraná, para iniciar una investigación al respecto.
De este modo se reunieron varios indicios y el 2 de agosto del año pasado, se ordenó un allanamiento en las oficinas del nosocomio de Lucas González. El objetivo del mismo fue el secuestro de historias clínicas relacionadas a pacientes internados en el asilo de ancianos que depende del hospital. En el acta se indicaba, específicamente, la documentación referida a nueve pacientes, de los cuales tres ya habían fallecido y otros aún se encontraban residiendo en el asilo.
En el análisis de los documentos secuestrados, sumado a otros testimonios, la Fiscalía detectó que había facturaciones que no se correspondían con prestaciones efectivamente realizadas. Es decir, consideran que le cobraban a la obra social de jubilados y pensionados de la Nación internaciones de personas que no estaban asiladas en el nosocomio, así como otras prácticas médicas e insumos que no tenían beneficiarios.
Por esto, se solicitó al Juzgado Federal de Paraná que se indague a cuatro personas a quienes apunta la responsabilidad de tales maniobras. Se trata de tres médicos que han pasado por la Dirección del hospital y una empleada administrativa. Los cuatro fueron imputados por el delito de Defraudación a la administración pública.
Entre los galenos, se encuentra uno que estuvo durante alrededor de una década en el cargo de director del nosocomio, el bioquímico Marcelo Javier Ascúa, quien ya había sido cuestionado públicamente por la forma en que se desempeñaba. Actualmente se desempeña como director del hospital San Blas de Nogoyá.
En el análisis de los documentos secuestrados, sumado a otros testimonios, la Fiscalía detectó que había facturaciones que no se correspondían con prestaciones efectivamente realizadas. Es decir, consideran que le cobraban a la obra social de jubilados y pensionados de la Nación internaciones de personas que no estaban asiladas en el nosocomio, así como otras prácticas médicas e insumos que no tenían beneficiarios.
Por esto, se solicitó al Juzgado Federal de Paraná que se indague a cuatro personas a quienes apunta la responsabilidad de tales maniobras. Se trata de tres médicos que han pasado por la Dirección del hospital y una empleada administrativa. Los cuatro fueron imputados por el delito de Defraudación a la administración pública.
Entre los galenos, se encuentra uno que estuvo durante alrededor de una década en el cargo de director del nosocomio, el bioquímico Marcelo Javier Ascúa, quien ya había sido cuestionado públicamente por la forma en que se desempeñaba. Actualmente se desempeña como director del hospital San Blas de Nogoyá.
En el año 2017, la Revista Análisis publicó un informe en el cual se denunciaban "trucos y artimañas" por parte de Ascúa, y la falta de control por parte de los organismos competentes.
En tanto, el año pasado, justo dos días antes del allanamiento, Ascúa fue denunciado por el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos (Sedaper) por la exclusión y hostilidad hacia delegados del gremio en el nosocomio de Nogoyá.
En tanto, el año pasado, justo dos días antes del allanamiento, Ascúa fue denunciado por el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos (Sedaper) por la exclusión y hostilidad hacia delegados del gremio en el nosocomio de Nogoyá.
Ahora se aguarda por conocer los próximos pasos procesales, las estrategias defensivas de los abogados que representan a los imputados y eventualmente la decisión del juez federal Leandro Ríos, acerca de si procesa, dicta falta de mérito o sobresee a los sospechosos.
Cuatro profesionales fueron procesados por un caso similar ocurrido en Salta
Cuatro profesionales fueron procesados por un caso similar ocurrido en Salta
Son numerosas las causas judiciales por estafas al PAMI que se tramitan en Juzgados Federales de todo el país. Los ardides para cometer las defraudaciones son variados, pero en su mayoría relacionadas a facturaciones "truchas".
Un caso reciente y algo similar al que ahora se conoce de Entre Ríos, sucedió en el norte argentino.
Un caso reciente y algo similar al que ahora se conoce de Entre Ríos, sucedió en el norte argentino.
Luego de un año de investigación, el juez federal subrogante Wenceslao Cardozo procesó a cuatro profesionales de la salud por una defraudación millonaria al PAMI con el ardid del cobro de estudios de laboratorio que nunca se realizaron. De acuerdo con la denuncia realizada por las autoridades de la obra social de los jubilados y pensionados de Salta, durante 2016 el organismo les pagó a los imputados alrededor de 250.000 pesos por mes.
Según reseñó el diario El Tribuno, de acuerdo con la denuncia presentada por el organismo, tres bioquímicos, con la complicidad de un médico, emitieron órdenes de análisis de laboratorios falsas. Incluso se detectó un estudio con el nombre de un afiliado fallecido.
La denuncia inicial fue formulada por Josefina Medrano de la Serna, coordinadora ejecutiva de la unidad de gestión local del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados contra los médicos.
La funcionaria relató que con fecha 25 de enero de 2017 la Asociación de Bioquímicos de Salta (ABS) presentó una auditoría de la que surgieron innumerables anomalías en las órdenes médicas y análisis de laboratorio, supuestamente realizados a afiliados del PAMI. Todo esto surgió a partir de la denuncia presentada por Marisa Ibarra –empleada de facturación de la ABS– en la que advirtió a las autoridades de la institución que el bioquímico Miranda había presentado para su facturación una orden de análisis de laboratorio de la paciente Justina Tala. Según Ibarra, dicho análisis bioquímico no se practicó nunca porque la paciente Tala es su madre y es ella quien la acompaña en esas diligencias.
Fuente: UNO