
Los profesionales que dialogaron con Castrillon, y la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de Paraná y Coordinadora del Programa de Inclusión Civil y Oralidad, Dra. María Andrea Morales y la secretaria de ese juzgado, Dra. Pilar Villa, mencionaron la necesidad de actualizar los montos en la regulación de sus honorarios y que sus designaciones, donde no haya oficinas con Mesas Únicas Informatizadas (MUI), sean con carácter rotativo y no alfabético. Propusieron también, entre otros temas, que los depósitos de sus honorarios se realicen en tiempo y forma.
Ante el planteo, Castrillon dijo que la intervención de los peritos como sus honorarios son parte de un proceso y que su preocupación es que ese proceso tenga una rápida solución. Asimismo, destacó que “los valores que se fijan son los que establece la ley o los que determina el juez conforme a la labor de los abogados que intervienen en un juicio”.
Por otra parte, precisó que “la distorsión en los valores surge cuando se rompe el 1 a 1 y para recomponer esa ecuación es indispensable modificar la ley”, reconociendo además que “hay un vacío que tenemos que observar porque es un tema a solucionar”, y consideró “importante volver a la actualización por un índice de costo de vida, si hay un índice confiable”.
Castrillón destacó a su vez que “varias cuestiones relacionadas a la intervención de los peritos quedarán salvadas en el proceso de informatización que se está llevando adelante y se está en camino hacia el expediente digital”.
En el encuentro, que tuvo lugar en el Salón de Acuerdos de tribunales, estuvieron presentes el secretario del Colegio, Ing. José Victor Cresta; el presidente del Tribunal de Ética, Ing. Raúl Suárez Montórfano y el Ing. Carlos Alberto Sánchez.