Los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra unificaron con los querellantes Florencio Montiel y Juan Cosso un pedido único de condena para el cura Marcelino Ricardo Moya, acusado por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, y solicitaron una pena de 22 años de cárcel para el sacerdote, y que si el pedido de condena es aceptado, hasta tanto el fallo quede firme se le aplique prisión preventiva y se lo envíe a una unidad penal de la provincia.
El pedido de condena se acerca a las penas que aplicó la Justicia en otros dos casos de sacerdotes condenados: Juan Diego Escobar Gaviria y Justo José Ilarraz, sentenciados cada uno a 25 años de prisión.
La petición fue planteada durante los alegatos de clausura del juicio al cura Moya esta tarde ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. El planteo fue escuchado por los magistrados que integran ese tribunal, María Evangelina Bruzzo, Melisa Ríos y Fabián López Mora, quienes también atendieron la solicitud de los abogados defensores del sacerdote, Néstor Paulette y Dario Germanier, que pidieron su absolución. “¿El relato de una o dos personas es suficiente a los fines de fundar o dar las bases para una condena por un hecho que mi defendido dice que no existió, y que por lo tanto no lo cometió? Eso es lo que vamos a ver. Esto no es el caso Grassi”, había dicho antes de la audiencia el abogado Germanier.
Ahora, luego de escuchar a ambas partes, el tribunal tendrá cinco días para resolver el caso y anunciar el adelanto de sentencia.
Moya había sido denunciado en junio de 2015 por dos jóvenes, el médico Pablo Huck, y Eduardo Frutos, un estudiante de Derecho.Moya llegó a Villaguay como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada: permaneció entre 1992 y 1997. Y ahí, en esos lugares, y quizá en otros tantos más, abusó de menores. Eso dice la denuncia que presentó el médico Pablo Huck el 29 de junio de 2015 en los Tribunales. “A los ojos de hoy, me es difícil entender las cosas. En ese momento, yo era un pibe, y a mí me hablaban de dogmas y de pecado, y el referente espiritual que yo tenía, que tenía mi familia, me practicaba sexo oral, me masturbaba. Era muy fuerte”, dijo entonces.Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunta la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, peroel 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio.
La causa nuevamente fue recurrida, y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves11 de octubre de 2018, ese tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción. El tercer rechazo que acumula el cura Moya en la Justicia.
La causa nuevamente fue recurrida, y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves11 de octubre de 2018, ese tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción. El tercer rechazo que acumula el cura Moya en la Justicia.
Extrañamente, el defensor de Moya, entonces José Ostolaza, cumplido el plazo de ley,decidió no apelar ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ),ante el convencimiento de que en la etapa de juicio oral, en Concepción del Uruguay, sobrevendrá la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene pendiente expedirse sobre la prescripción en la causa de los abusos del cura Justo José Ilarraz.
Ostolaza ya no está en la defensa, y el cura se enfrenta ahora a un durísimo pedido de condena en su contra.