Por coacciones y resistencia a la autoridad. Pasadas las 9 de este lunes, comenzó en los Tribunales de Paraná el juicio contra seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), entre ellos el actual miembro del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fabián Monzón, y el ex ministro de Salud, Ariel de la Rosa, acusados por los delitos de coacciones y resistencia a la autoridad. Además de los nombrados, Zunilda Suárez, José Zarza, Guillermo Barreira, Carina Domínguez y Noemí Ester Santamaría, se encuentran frente al tribunal conformado por Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Alejandro Cánepa. A De la Rosa lo asisten en la defensa Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, en tanto que el resto de los acusados son representados por Marcos Rodríguez Allende. La causa se inició en junio de 2017 luego de que la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, denunciara aprietes y amenazas por parte de dirigentes y del entonces ministro, para que reincorpore a la enfermera y delegada de la entidad gremial, Yanina Migueles. Tras quedar imputado en ese escándalo, De la Rosa renunció. Para Monzón y Barreira, los fiscales adelantaron que solicitarán la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.
Todo comenzó en junio de 2017, en Diamante, cuando De la Rosa, siendo todavía ministro, acudió a los Tribunales. Ante los fiscales Gamal Taleb y Laureano Dato negó haber incurrido en alguna figura delictiva cuando le pidió a la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, que volviese atrás con una medida adoptada con una enfermera del nosocomio.
A De la Rosa, la Fiscalía de Diamante le imputó dos hechos: coacción agravada por haber amedrentado a Trossero, en forma telefónica –comunicación que la funcionaria escuchó con el celular en altavoz en presencia de testigos- para que diera marcha atrás con una resolución que adoptó y que supuso la baja de una suplencia extraordinaria a una delegada de UPCN. Se trata de la enfermera Yanina Migueles, quien, según Trossero, tiene dos investigaciones abiertas en el Ministerio de Salud: una por administrar medicamentos en forma errónea a los pacientes alojados en la Colonia de Salud Mental.
Al día siguiente, cinco dirigentes de UPCN, gremio que fue soporte de De la Rosa en Salud, viajaron a Diamante y presionaron a Trossero para que cumpliera la orden del ex ministro, que le había impuesto recontratar a la enfermera Migueles. En medio de un escándalo, el secretario adjunto del sindicato, Fabián Monzón, José Zarza, Guillermo Barreira, la secretaria gremial Carina Domínguez y la dirigente Zunilda Suárez provocaron una batahola en el hospital diamantino que obligó a la intervención de la Policía.
Los cinco terminaron en la cárcel, con prisión preventiva. El viernes 9 hubo una audiencia en los Tribunales de Diamante. Entonces, el juez de Garantías, Julián Vergara, les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria a Monzón, Zarza y Barreira; Domínguez y Suárez fueron puestas en libertad. Ese mismo día el ex ministro presentó su renuncia al cargo.
Para Monzón y Barreira, los fiscales adelantaron que solicitarán la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, Zarza, Domínguez, Santamaría, y Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirán 7 años y 6 meses de prisión.
El fiscal Jorge Gamal Taleb, que llevará la acusación junto a Laureano Dato, explicó que de los siete que se sentarán en el banquillo, “cinco están imputados por el delito de coacciones agravadas, que es un delito que tiene escala penal elevada, con un mínimo de 5 años y un máximo de 10 años”. Las otras dos personas, están acusadas de resistencia a la autoridad y amenazas.
“Las penas que se adelantaron que se van a pedir son estimativas -aclaró el fiscal-. Eso está sujeto al resultado del debate, que es cuando se valora con mayor amplitud tanto la comisión del hecho como las calificaciones legales y las circunstancias que pueden agravar o volver más leve la sanción”.
Taleb dijo que la causa de Diamante no tiene punto de comparación con el juicio que enfrentaron 14 dirigentes de UPCN por una situación ocurrida en el Hospital Santa Rosa, de Villaguay, y de la cual fueron absueltos. “Son situaciones totalmente distintas, tribunales distintos y sobre todo, entendemos que hay una mayor intensidad no solo en los elementos de prueba sino en la contundencia de cómo vivió la directora de la Colonia de Salud Mental de Diamante. No resto importancia a lo que resultó en Villaguay”, apuntó.
El lunes es considerado el día clave para la Fiscalía. “En total, están propuestos 29 testigos por la Fiscalía -agregó Taleb-. Y también va a ser clave cuando declare el perito Fernando Ferrari, que transcribió los mensajes encontrados en los teléfonos secuestrados. Tuvo acceso a las llamadas y conversaciones que se hicieron esos días”.
“Los mensajes encontrados en esos teléfonos demuestran la organización previa que hubo, de ir a Diamante para lograr un determinado fin, que era la reincorporación de una delegada gremial de UPCN”, puntualizó.
Fuente: Entre Ríos Ahora