Supuesto testaferro de Báez, a juicio por manejo irregular de publicidad

Los fiscales pidieron la elevación a juicio de la causa que tiene a Germán Buffa como acusado por la contratación irregular de su empresa para que realizara intermediaciones para la difusión de publicidad oficial. El ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Báez también están implicados, pero por el momento no serán enjuiciados ya que tienen fueros.
El sospechado de ser testaferro de Pedro Báez, el hombre de paja, será sometido a juicio por la presunta comisión de irregularidades en el manejo de publicidad oficial. Germán Esteban Buffa estará solo en el banquillo de los acusados porque el ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro de Cultura, también implicados en la maniobra, tienen fueros.
Urribarri y Báez están acusados de haber direccionado hacia la empresa Global Means SA, que presidía Buffa, la contratación directa de dos avisos publicitarios, que debían publicarse en los meses de agosto y septiembre de 2011 en el periódico Diario Agroempresario, y por los cuales se pagaron 118.000 pesos.
Los fiscales Viviana Ferreyra y Gonzalo Badano consideran que para concretar la contratación se sortearon los mecanismos legales vigentes, pactando con una empresa que al emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, no estaba inscripta en el registro provincial de medios ni cumplía con los requisitos para estarlo, entre otras irregularidades.
Buffa está acusado como partícipe del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que prevé penas de uno a seis años de cárcel; aunque su abogado, José Velázquez, no descarta solicitar una probation.
También Urribarri y Báez están acusados, pero en su caso el juez Gustavo Maldonado no corrió vista a los fiscales para solicitar la elevación a juicio, ya que por su condición de legisladores provinciales tienen fueros y la Cámara de Diputados ha sido renuente a tratar el desafuero solicitado tras la confirmación del procesamiento.
El hombre de paja
Germán Esteban Buffa nació en Rosario del Tala, tiene 43 años y es un contador egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Comenzó a trabajar para Báez en 2011, cuando volvió a Entre Ríos después de cumplir funciones en el Fondo Nacional del Tabaco y en el Ministerio de Economía de la Nación.
Es actualmente vicepresidente del directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos, la empresa editora de El Diario, de la que prescindió de 79 trabajadores; y antes administró la radio FM Litoral, a través de la empresa Nueva Contacto SA, aunque quien figuraba en los papeles era su ex esposa, Betiana Elizabeth Ramona Pello. Ambos medios se sostuvieron con una fuerte inyección de fondos públicos mientras Urribarri fue gobernador.
Buffa es también presidente de Global Means SA, una empresa que creó el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en Avenida La Plata 462, Piso 7, Departamento B; en sociedad con Víctor Leonardo Pomba.
La empresa fantasma
El caso que lo sentará en el banquillo de los acusados surge de una denuncia presentada por el ex diputado nacional Jorge D’Agostino (UCR) en la que advirtió que el gobierno provincial había realizado adjudicaciones millonarias a Global Means SA para la difusión de distintas campañas y acciones oficiales. Concretamente, entre 2011 y 2014, la empresa recibió 3.769.646 pesos para la difusión de distintas campañas y acciones de gobierno en medios porteños. De hecho, en ese período la firma tuvo como exclusivo cliente al Estado entrerriano, salvo una campaña que hizo para otra agencia de publicidad.
Hay una contratación en particular que está plagada de irregularidades. Se trata de aquella para la difusión de dos avisos publicitarios (“Entre Ríos Exporta” y “Entre Ríos Invita”) que debían publicarse en las ediciones número 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del año 2011, y por los cuales se pagaron 118.000 pesos, de los cuales la mitad fueron para Global Means solo por realizar la intermediación entre el Estado y el medio.
Es que Global Means se constituyó como sociedad anónima a partir del 15 de agosto de 2011 y registró el alta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a partir de octubre de 2011; la misma fecha que se consignó en las constancias de inscripción ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) como de inicio de actividades. Entonces, no podría haber sido contratada en julio, como se consignó en la orden de publicidad emitida por el Ministerio de Cultura y Comunicación.
Además, la empresa registró su inscripción en el Registro de Medios de la entonces Dirección General de Información Pública –requisito ineludible para ser tenida en cuenta para las contrataciones de publicidad– el 1 de noviembre de 2011.
Sin embargo, Global Means SA ofreció sus servicios mediante una propuesta fechada el 15 de julio de 2011, previo a su inscripción en AFIP y ATER, y la orden de publicidad que autoriza la contratación está fechada el 1 de julio de 2011.
Para decirlo de otro modo: el Gobierno provincial contrató a una empresa inexistente y lo hizo incluso antes de que hiciera una propuesta formal.
Ello sin contar que el expediente administrativo tiene como fecha de inicio en su carátula el día 5 de marzo de 2012, ya por parte del Ministerio de Cultura y Comunicación, que había sido creado el 21 diciembre de 2011; y el trámite para el pago por el servicio fue tramitado el 24 de marzo de 2012, feriado nacional.
Todo ese cúmulo de irregularidades deberá explicar Buffa, en primera instancia; y, más temprano que tarde, también Urribarri y Báez.
Fuente: Pagina Judicial
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