El ex director de Obras Sanitarias está acusado por haber montado una estructura de negocios con empresas propias y de personas allegadas, pero que se valían de vehículos, maquinarias, personal y recursos públicos. Los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry ampliaron la investigación y pidieron una serie de informes a la AFIP y otros organismos para determinar la responsabilidad de los empresarios.
“Había una confusión del patrimonio público y el patrimonio privado, las empresas y sus bienes se confundían con los bienes del organismo público”. Así explica la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, las irregularidades detectadas en la investigación que se le sigue al ex director de Obras Sanitarias, Hugo Righelato.
El ex funcionario está acusado por el delito de peculado de bienes y servicios. Concretamente se le atribuye la utilización de vehículos, maquinarias, personal y recursos de Obras Sanitarias en beneficio propio o de empresas de allegados.
Si bien hasta el momento no hay otras personas imputadas, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry, que tienen a su cargo la investigación, libraron hace unos días un oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que informe sobre la situación fiscal y remita las declaraciones juradas y otro tipo de información de personas allegadas a Righelato, como así también de empresas que tendrían relación con el ex funcionario.
Específicamente, los fiscales pidieron información respecto de Righelato, su pareja Haydee Analía Varela; los empresarios Roberto Marcelo Diderle y Mirta Lucía Rausch; y Marlin Romina Trejo, que es empleada de Obras Sanitarias de Entre Ríos.
Una de las empresas supuestamente beneficiadas por los negocios de Righelato es Azul SRL, creada en el año 2011, en la que figuran como socios el propio Righelato y su pareja. La firma se dedica, entre otras actividades, a la “remodelación de obras en terrenos propios o de terceros” y, pesar de no estar inscripta como proveedora del Estado, ha realizado trabajos que terceriza Obras Sanitarias, lo que ubica a Righelato, literalmente, de los dos lados del mostrador.
También se investiga a Tecnogeo SA, formada en 2009 y dedicada a la perforación de pozos de agua, que tiene como cabeza visible a Diderle y de la que Rausch habría sido socia; y a Ecocien SA, conformada en 2014, integrada por Diderle y Trejo, que es también empleada de Obras Sanitarias. Esas firmas prácticamente no tienen personal ni maquinarias, y la sospecha es que los trabajos eran ejecutados con empleados, máquinas y movilidad del Estado.
Asimismo, se pidió informes respecto de las empresas Interlagos SA, Complejo Interlagos SA y T & H Construcciones SA, todas de Héctor Ricardo Salé, ante la sospecha de que también pudieron haber sido beneficiadas en el esquema de negocios. El año pasado se realizaron allanamientos en oficinas de esas empresas y se secuestraron computadoras y documentación sobre los negocios de cada una. La sospecha es que Righelato pudo haber recibido terrenos para loteo en el complejo.
Según pudo saber Página Judicial, los fiscales quieren que la AFIP les remita información respecto de la composición accionaria de las empresas en cuestión, un detalle de los sueldos perciben los socios, gerentes y demás directivos; también datos de los integrantes del grupo familiar de cada uno; un detalle patrimonial y financiero cada empresa y de las personas mencionadas (inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves, etcétera); si esas personas integran otras sociedades o firmas comerciales; qué nivel de gastos han registrado; si tienen cuentas o han registrado ingresos provenientes del exterior; y si han realizado operaciones de compra de moneda extranjera para ahorro o turismo, entre otros puntos. Del mismo modo, pidieron informes a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia respecto de las empresas y las personas investigadas.
Asimismo, libraron oficios al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, a cargo de Luis Benedetto, para que informe y remita documentación sobre las principales empresas que resultaron favorecidas en los procedimientos de contratación de obra pública realizada por Obras Sanitarias entre 2006 y 2016, los montos que se abonaron, qué organismo efectuó el pago en cada caso y qué empresas proveyeron los insumos para la ejecución de esos trabajos.
La investigación respecto de las irregularidades en Obras Sanitarias se iniciaron a partir de una presentación efectuada por la Fundación M’Biguá en la que denunciaba que en varios lugares de la provincia se estaban haciendo perforaciones en busca de recursos, lo que genera un grave daño al ecosistema. La entidad ambientalista focalizó su planteo en la utilización de “caños camisa” para sacar agua. Se trata de tubos que provenían de la zona de Cuyo y que, en muchos de ellos, había restos de hidrocarburos. Los mismos estaban teniendo contacto con las napas. Luego, la Revista Análisis expuso una serie de irregularidades en Obras Sanitarias que complicaron aún más a Righelato.
El ex funcionario fue detenido el 11 de octubre del año pasado cuando salía de su vivienda, en calle Fraternidad 133, llevando consigo una suma de dinero cercana a los 70 mil pesos y documentación pública sobre obras desarrolladas por la repartición a su cargo. Desde ese día, permaneció noventa días detenido, primero en la unidad penal y luego bajo arresto domiciliario, hasta que se dispuso su excarcelación.
Por Juan Cruz Varela de Página Judicial
Por Juan Cruz Varela de Página Judicial