El titular de la Sociedad Rural fue sobreseído en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública originada en la gestión de un crédito para una empresa familiar. "Fue una operación de lo que queda del kirchnerismo", dijo.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, fue sobreseído en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta originada en la gestión de un crédito para la empresa Las Margaritas SA, de la que el dirigente entrerriano es accionista. “Se confirma que esta fue una operación de lo que queda del kirchnerismo”, indicó Etchevehere a través de un comunicado.
“Quedó claro que la causa fue iniciada como operación política y que solicitar un crédito no es delito”, expresó el presidente de la SRA. “Las Margaritas solicitó un préstamo que oportunamente ofreció el Banco de la Nación Argentina a productores de Entre Ríos, en el marco de la emergencia por las inclemencias climáticas, y fue tomado por miles de productores en esa provincia. La empresa Las Margaritas SA presentó la documentación oficial correspondiente a la emergencia climática decretada por el gobierno de Entre Ríos y homologada por el gobierno nacional, ofreció garantía hipotecaria para garantizar los 900.000 pesos solicitados y a pesar de no haber recibido el monto solicitado en ningún momento, los integrantes de la firma recibieron una denuncia penal de la que fueron sobreseídos definitivamente”, explicó.
La denuncia fue interpuesta por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten e involucró también al ahora ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconián, a raíz del otorgamiento de 900.000 pesos al establecimiento Las Margaritas SA, perteneciente a Etchevehere y su familia.
En diciembre del año pasado, el fiscal Jorge Di Lello solicitó investigar la denuncia, que recayó en el juez federal Sergio Torres, en la que se indicaba que el préstamo correspondía al Sistema Nacional para la Prevención de Emergencias y Desastres Agropecuarios y, según el denunciante, por lo que establece la ley se debería haber dado prioridad a los agricultores familiares.