En forma no oficial, monseñor Jorge Lozano hizo declaraciones que expresan la inquietud de la curia argentina por la realidad que atraviesan numerosos sectores. El Gobierno desestima los análisis, pero son miles los despidos y suspensiones.El presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado y obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano, insistió en remarcar la "preocupación" de la Iglesia frente a la creciente ola de cierres de empresas, con despidos y suspensiones de trabajadores, y adelantó que los obispos van a "seguir atentos para ver cómo evolucionan estas situaciones".
La crítica de monseñor Lozano fue sintomática. Esta semana, el vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld, había manifestado su "preocupación por la inestabilidad laboral", y al cruce le salió el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, retrucándole que la Iglesia debería "ocuparse del impacto de los fondos buitre". Luego de ello, Oesterheld le bajó el tono a la confrontación y dijo que el Episcopado no trataría el tema en su reunión plenaria del jueves último.
Sin embargo, Lozano volvió sobre el problema. "La problemática la vemos, pero no por eso tenemos una mirada crítica, quejosa. Sí de preocupación y de seguir atentos para ver cómo evolucionan estas situaciones de suspensiones y de despidos", dijo el obispo. Agregó que esa misma preocupación "la manifiestan muchos en la sociedad" y "hasta la Presidenta" que "ha comunicado hace poco más de diez días una serie de medidas para ayudar a las empresas cuando estén en una situación compleja".
El obispo también reclamó "fortalecer programas para empleo y estudio para los jóvenes" que no trabajan ni estudian y, aunque reconoció que "hay algunas alternativas desde el Gobierno", afirmó que "no están dando los efectos masivos necesarios", detalló La Nación.
Este escenario también quedó envuelto por el acelerado clima político. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, advirtió que algunos sectores "quieren sembrar miedo" sobre la situación económica y reclamó "desdramatizar y llevar tranquilidad a la población".
Desde la oposición, Sergio Massa expresó su "preocupación" por la aplicación de la ley antiterrorista contra la imprenta Donnelley que se declaró en quiebra y dejó en la calle a 400 empleados, y a la que el Gobierno denunció por alterar el orden económico y financiero por considerar que su quiebra es fraudulenta. "Los problemas de empleo los resolvemos hoy facilitando el camino a la inversión y facilitando el trabajo a las empresas", dijo Massa.
Números de la situación nacional
Los despidos en Donnelley, que el Gobierno se comprometió a reincorporar, se sumaron a la crisis de la autopartista Lear, que había despedido a 64 operarios. La Casa Rosada informó que Lear se comprometió a reincorporar a 60 de los 64 despedidos y que reabrirá sus puertas este martes. Fuentes allegadas a Antonio Marin, director de la empresa, declararon que "en realidad esas 60 personas son ex trabajadores desvinculados a quienes se les ha ofrecido el 100% de la indemnización".
En la industria automotriz se suspendieron 4800 operarios y ya hay 10.000 afectados por los despidos y suspensiones. Existen unas 20 empresas en situación conflictiva y ya dejaron de funcionar varios frigoríficos, como Ganadera Nueva Escocia SA, de Luis Guillón, con 300 despidos, uno de los que faenaban bovinos para el plan "Carne para Todos". Se sumó así a Estancias del Sur, de la brasileña Margfrig, que ofreció el "retiro voluntario" a sus 350 empleados.
También el sector de la alimentación, textil, comercios y electrodomésticos están comprometido y la construcción perdió 20.000 puestos de trabajo el último año. El 17% de las compañías líderes prevé reducir sus dotaciones, según una encuesta que realizó SEL Consultores el último mes. La siderúrgica Acindar y la autopartista Paraná Metal, en Villa Constitución, se sumaron a las suspensiones por la acentuada caída de la demanda. Incluso el líder de la UOM, el diligente con la Casa Rosada Antonio Caló, admitió que en el sector metalúrgico hubo 3000 despidos y 10.000 suspensiones en el año.