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Detallaron la aplicación de las leyes de defensa del consumidor en la provincia

Las normativas quedarán bajo órbita nacional de Comercio, Justicia y Derechos Humanos. Algunos de los puntos principales son: asesoramiento jurídico gratuito para litigios con empresas, indemnizaciones, un observatorio y mayores sanciones.
El gobernador Urribarri se refirió al paquete de iniciativas que la Presidenta enviará al Congreso en busca del cumplimiento de los derechos de los usuarios y consumidores: "el establecimiento del Fuero del Consumidor y su sistema de mediaciones obligatorias es algo fundacional. Introduce el concepto de igualdad y estoy muy comprometido para que en Entre Ríos el sistema comience a funcionar lo más rápidamente posible”, dijo Urribarri. 

La propuesta se centra en tres proyectos de ley para la regulación de las relaciones de producción, intermediación, comercialización y consumo. Dentro de la iniciativa está la creación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones del Consumo (COPREC). Funcionará en todo el país bajo la órbita de la Secretaría de Comercio y tendrá conciliadores especializados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía. 

Además, ofrecerá patrocinio jurídico gratuito: el consumidor se podrá presentar a la audiencia con un defensor oficial de las Relaciones del Consumo. “Creo que además de lo que aporta en términos de la institucionalidad democrática me parece una medida que además de ampliar derechos de los ciudadanos, alienta una elevación de la calidad de los servicios comerciales y de la calidad de los productos que llegan al consumidor”, añadió Urribarri. 

Lo que ya se aplica en Entre Ríos 
Por su parte, el titular del Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, Juan Carlos Albornoz, reveló que el concepto `pague y después reclame` para casos donde se encuentran involucrados los consumidores ya se viene desarrollando a nivel provincial. Desde 2008 el gobierno entrerriano ha fijado indemnizaciones en favor de los consumidores por el ya conocido daño directo en las relaciones de consumo. 

"Es de destacar la iniciativa en virtud de la oralidad, la simplificación, la rapidez y la eficiencia en el procedimiento el cual servirá para resolver los problemas de los consumidores, lo cual genera un incentivo para que los reclamos de consumidores sean resueltos rápidamente en base al principio esencial que será en duda a favor del consumidor", expresó el funcionario. 

Albornoz destacó además que -entre las iniciativas que se enviarán al Congreso- se prevé "una modificación de varios aspectos de la ley de abastecimiento, con exclusión de penas privativas de libertad y tipificación penal" y "se impulsan mecanismos de sanciones pecuniarias severas por incumplimiento". 

“Además esto incluirá un sistema de observatorio de precios para observar el desenvolvimiento de la cadena de valor generando condiciones para observar los mecanismos de pago justo para el productor y el precio adecuado para bienes y servicios al consumidor", finalizó. 

Detalles 
Si no se llega a un acuerdo, el consumidor podrá pedir una solución rápida ante la Secretaría de Comercio que tendrá facultades para indemnizar por un monto hasta los 15 salarios mínimos ($55.000). O, de lo contrario, recurrir al nuevo fuero de la justicia en las relaciones del consumo para exigir una reparación integral de hasta 60 salarios mínimos ($ 220.000). 

También dentro de la propuesta se contempla una serie de políticas y modificaciones legislativas en torno a la temática. Una de ellas es la creación del Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios en el ámbito de la Secretaría de Comercio, para intervenir en situaciones previos de las cadenas de valor. Tendrán participaciones las Asociaciones de Consumidores y las áreas técnicas de los Ministerios de acuerdo a cada temática. Este sistema fortalecerá leyes como la de abastecimiento, que autorizará ahora a que se imponga nuevas multas, de hasta 5 millones de pesos a quienes incumplan". 

Desde Casa de Gobierno, expresaron que "este nuevo sistema se complementará con herramientas de la Secretaría de Comercio y fortalecerá leyes como la de abastecimiento, que autorizará ahora a que esa cartera imponga nuevas multas, de hasta 5 millones de pesos. Se espera que las provincias adhieran a este sistema y adecuen sus estructuras para ello". 

Otro problema con que se encuentran los consumidores luego de haber pasado por la autoridad administrativa y obtener un reconocimiento de su derecho es que no existe una justicia para la especialidad. El paquete de propuestas incluye la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) que pretende que el recurso judicial que se interponga contra las multas tendrá efecto devolutivo para permitir su ejecución; la modificación de la Ley de Lealtad Comercial (22.802) para aumentar el tope de las multas para empresas que incumplan la normativa (de 500 mil pesos a 5 millones de pesos). 

Además, se incorporarán otro tipo de sanciones, como clausura del local, pérdida de beneficios fiscales, suspensión del registro de proveedores del Estado, entre otras. También se busca la modificación Ley de Defensa de la competencia (25.156) para fortalecer la Comisión de defensa de la competencia para la aplicación de la legislación antimonopolio y la modificación de la Ley de Abastecimiento (20.680) por nueva ley de Regulación de las relaciones de producción y consumo