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Constatan que "desaparecieron" $20 millones más de Ater

Detectaron que entre 2008 y 2011 se borró esa cifra como 'compensación de deuda'. El monto se suma a los 18 millones ya informados y que constan en la denuncia judicial ante la jueza Marina Barbagelata. Piensan en investigar hasta 2004.
Una nueva investigación interna en los archivos de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), de entre 2011 y 2008, detectó que por lo menos desaparecieron 20 millones de pesos más, que se suman a los 18 millones ya informados y que constan en la denuncia judicial ante la jueza Marina Barbagelata. Al parecer, las empresas involucradas serían la mayoría de las que aparecen en el lote de 65 firmas. 

Si bien el flamante presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, dispuso la creación y formación de un grupo especial de auditores, que fue anunciado oficialmente, los técnicos de ATER siguieron investigando lo sucedido entre enero de 2012 y enero de 2008, por orden expresa del titular del organismo, Marcel Casaretto. 

Si bien no fue sorpresa la aparición de otros 20 millones de pesos “desaparecidos” como “compensaciones de deudas”, lo que agrava la estafa, se tiene claro que el mecanismo se venía adoptando varios años anteriores y no solamente desde el inicio del primer gobierno de Sergio Urribarri. 

En enero de 2008, al frente de la entonces Dirección General de Rentas quedó Guillermo Linesky y como director de Interior asumió Darío Barreto, el contador público oriundo de San Salvador y uno de los hombres al que se apunta como supuestamente conocedor de los hechos en cuestión. Siempre resultó extraño por qué en la lista de empresas que hicieron fraguar sus registros de deudas en ATER, una de las ciudades más “beneficiadas” resultó ser, justamente, San Salvador: un total de 11 firmas. Es decir, casi el 20 por ciento del total de la nómina. Barreto hace años está de licencia en el organismo, porque presta funciones en el municipio de su localidad. 

En el oficialismo no dudan en la necesidad de llegar hasta por lo menos enero de 2004. O sea, a escasas semanas de asumido Jorge Busti como gobernador, en su tercer mandato, iniciado el 11 de diciembre de 2003 y en la que Urribarri llegó a ministro de Gobierno y Diego Valiero a Economía. Los investigadores entienden que el desfalco, por lo menos, habría empezado a comienzos de tal gestión y por ello fue que Smaldone, el titular del Tribunal de Cuentas, ordenó que la pesquisa arranque en ese mes y ese año. 

Según Análisis Digital, lo saliente de todo esto es que Busti y Valiero designaron, en enero de 2004, a Aurelio Miraglio al frente de la desaparecida DGR. O sea, el mismo funcionario que en la actualidad está al frente de la Contaduría General de la provincia y quien define las imputaciones de las compensaciones de pago a las empresas que lo solicitan, al inicio del expediente en ATER. 

“Entendemos que el fraude puede ser el doble de lo que se ha detectado hasta ahora y queremos saber si aparecen otras empresas, además de las que ya tenemos detectadas como infieles”, indicó una fuente cercana a la investigación.