Diputados del Bloque de la UCR expresaron su preocupación por los graves hechos denunciados por abogados penalistas de Paraná. Los legisladores pidieron al Ejecutivo que informe si estaba en conocimiento del caso y si tomó medidas.
La denuncia de escuchas telefónicas ilegales que realizó la semana pasada un grupo de abogados penalistas llegó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Los letrados habían elevado una nota en la que ponían en conocimiento sobre la situación al Superior Tribunal de Justicia, quien se la remitió a la Procuración General.
El Procurador Amilar García se hizo eco del pedido de investigación de los abogados y emitió un dictamen que provocó malestar entre los profesionales, ya que desestimó iniciar acción penal por la falta de una denuncia concreta y el carácter de sospecha de lo denunciado.
Pero la grave denuncia de los profesionales no se quedó sólo en el ámbito judicial, y llegó al político, más precisamente a la Cámara Baja provincial. En la sesión de este martes, el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, expresó preocupación "ante la posible existencia de escuchas telefónicas a profesionales de la justicia, de acuerdo a la denuncia que fue formulada en ese sentido ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia".
En ese marco, fue presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de Informes al poder Ejecutivo, para saber si "tomó conocimiento, de la presentación efectuada por ante el Superior tribunal de Justicia de Entre Ríos, por un grupo de abogados penalistas, integrantes del Instituto de Derecho Penal Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos, en donde informan sobre la fuerte sospecha, que se estarían realizando interferencias telefónicas en su perjuicio, en una clara violación al derecho a la privacidad y al secreto a las comunicaciones, reconocido por nuestra Constitución Nacional, Provincial y Tratados Internacionales".
Los diputados, Agustín Federik, Felicitas Rodríguez, Fuadi Sosa, Antonio Julián Rubio, Pedro Ullúa y Jorge Monge, apuntaron en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL, que de ser así, "se estaría avasallando y agraviando el derecho que tienen los abogados, en general del libre ejercicio de su profesión, el principio constitucional de defensa en juicio y el derecho a la privacidad, es decir, ese derecho individual a no sufrir intromisiones en la intimidad por parte del Estado, reconocido no solo en nuestra Constitución Nacional y Provincial sino también, internacionalmente en diversos documentos".
Finalmente los legisladores del radicalismo requieren conocer del poder Ejecutivo, "que medida realizó por intermedio del Ministerio de gobierno y/o organismo para investigar o en su caso aclarar la grave denuncia, hoy publicada en diversos medios periodísticos de nuestra provincia, efectuada por los profesionales integrantes penalistas, integrantes del Instituto de Derecho Penal procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos mencionada en el inciso precedente" .
También piden que se informe "si el poder ejecutivo y/o algún otro organismo provincial, recibió algún tipo de pedido de informe o medida judicial, remitida por el Poder Judicial de nuestra provincia y que en su caso remita a esta Honorable Cámara los antecedentes de los mismos".
La denuncia de escuchas telefónicas ilegales que realizó la semana pasada un grupo de abogados penalistas llegó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Los letrados habían elevado una nota en la que ponían en conocimiento sobre la situación al Superior Tribunal de Justicia, quien se la remitió a la Procuración General.
El Procurador Amilar García se hizo eco del pedido de investigación de los abogados y emitió un dictamen que provocó malestar entre los profesionales, ya que desestimó iniciar acción penal por la falta de una denuncia concreta y el carácter de sospecha de lo denunciado.
Pero la grave denuncia de los profesionales no se quedó sólo en el ámbito judicial, y llegó al político, más precisamente a la Cámara Baja provincial. En la sesión de este martes, el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, expresó preocupación "ante la posible existencia de escuchas telefónicas a profesionales de la justicia, de acuerdo a la denuncia que fue formulada en ese sentido ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia".
En ese marco, fue presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de Informes al poder Ejecutivo, para saber si "tomó conocimiento, de la presentación efectuada por ante el Superior tribunal de Justicia de Entre Ríos, por un grupo de abogados penalistas, integrantes del Instituto de Derecho Penal Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos, en donde informan sobre la fuerte sospecha, que se estarían realizando interferencias telefónicas en su perjuicio, en una clara violación al derecho a la privacidad y al secreto a las comunicaciones, reconocido por nuestra Constitución Nacional, Provincial y Tratados Internacionales".
Los diputados, Agustín Federik, Felicitas Rodríguez, Fuadi Sosa, Antonio Julián Rubio, Pedro Ullúa y Jorge Monge, apuntaron en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL, que de ser así, "se estaría avasallando y agraviando el derecho que tienen los abogados, en general del libre ejercicio de su profesión, el principio constitucional de defensa en juicio y el derecho a la privacidad, es decir, ese derecho individual a no sufrir intromisiones en la intimidad por parte del Estado, reconocido no solo en nuestra Constitución Nacional y Provincial sino también, internacionalmente en diversos documentos".
Finalmente los legisladores del radicalismo requieren conocer del poder Ejecutivo, "que medida realizó por intermedio del Ministerio de gobierno y/o organismo para investigar o en su caso aclarar la grave denuncia, hoy publicada en diversos medios periodísticos de nuestra provincia, efectuada por los profesionales integrantes penalistas, integrantes del Instituto de Derecho Penal procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos mencionada en el inciso precedente" .
También piden que se informe "si el poder ejecutivo y/o algún otro organismo provincial, recibió algún tipo de pedido de informe o medida judicial, remitida por el Poder Judicial de nuestra provincia y que en su caso remita a esta Honorable Cámara los antecedentes de los mismos".