La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno argentino que en tres meses brinde información referida a la condena del ex vicegobernador por enriquecimiento ilícito. Rossi lo celebró con una conferencia de prensa.
El ex vicegobernador y ex intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi brindó una conferencia de prensa este martes para informar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió a su petición de que se revise su condena, del año 2006, por enriquecimiento ilícito, por la que fue sentenciado a la pena de tres años de prisión, de ejecución condicional, inhabilitación absoluta por ocho años y multa de $90 mil pesos.
La nota de la CIDH a la que accedió NUEVO TRIBUNO responde a la “petición referida a la situación de Domingo Daniel Rossi, recibida el 7 de abril de 2010”. Indica que “se han remitido las partes pertinentes de la petición al gobierno de Argentina y se ha fijado un plazo de tres meses para que presente sus observaciones, conforme al artículo 30 del Reglamento de la CIDH”.
El texto de la Comisión advierte que el pedido de información al gobierno de Mauricio Macri “no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”. A su vez, anticipa que “la CIDH se pondrá a disposición de los peticionarios y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa”. Sobre esta conciliación, en conferencia de prensa Rossi admitió que “vamos a esperar, estamos dispuestos”.
Rossi: “había orden de condenar, esto fue un pacto"
El ex intendente recordó el derrotero tribunalicio de su caso y aseguró que en su momento “había orden de condenar, esto fue un pacto. Los funcionarios que integraron la sala de juzgamiento, todos, ascendieron por decreto del ex gobernador” Jorge Busti. A su vez, destacó que “nunca fui legislador para esconderme en los fueros constitucionales”. Respecto de la radicación de su petición en la CIDH, comparó que “nadie puede operar sobre los jueces de la CIDH, allá no existen los pactos como acá en Entre Ríos”.
El ex intendente recordó el derrotero tribunalicio de su caso y aseguró que en su momento “había orden de condenar, esto fue un pacto. Los funcionarios que integraron la sala de juzgamiento, todos, ascendieron por decreto del ex gobernador” Jorge Busti. A su vez, destacó que “nunca fui legislador para esconderme en los fueros constitucionales”. Respecto de la radicación de su petición en la CIDH, comparó que “nadie puede operar sobre los jueces de la CIDH, allá no existen los pactos como acá en Entre Ríos”.
En cuanto a los próximos pasos procesuales del caso, Carlos Reggiardo, abogado defensor del ex vicegobernador, explicó que “el Estado puede argumentar por qué cree que se hizo de manera correcta, no contestar o abrirse a una conciliación, es decir que se resuelva en la Argentina y se revise todo el juicio desde el inicio. La CIDH va a hacer un examen y finalmente tendremos una nueva sentencia”.
El letrado, enrolado en el Frente Renovador, expresó: “la CIDH nos dijo ‘de ninguna manera se va a abrir un tema de corrupción’. Pero en ésta sí se metió, porque evidentemente vio la injusticia de la condena y las pruebas que son contundentes”. Asimismo, sobre los efectos de un eventual nuevo fallo de la CIDH en la destitución de Rossi ocurrida en 2007, consideró a aquella inhabilitación como “un ‘gravamen irreparable’ que se le han hecho a la ciudad de Santa Elena y a la provincia”.