En los Tribunales de Gualeguaychú / Nahir Galarza se presentó ante el Fiscal y declaró durante tres horas

La chica que confesó haber matado a Fernando Pastorizzo, se presentó ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa para ampliar su declaración y dar más detalles de lo ocurrido la madrugada del pasado 29 de diciembre. Sin aviso y acompañada de un operativo policial, Nahir Galarza se presentó en los Tribunales para ampliar su declaración. La chica de 19 años que confesó haber matado a Fernando Pastorizzo, con el arma reglamentaria de su papá policía, llegó al juzgado cerca de las 14 y estuvo durante tres horas ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa. Tras terminar de declarar, Nahir salió por la puerta lateral de los Tribunales de Gualeguaychú, sin decir una sola palabra y fue trasladada en un patrullero a la Comisaría del Menor y la Mujer donde cumple la prisión preventiva. Según trascendió, el abogado de Galarza, Víctor Rebossio, había pedido que la chica no tuviera contacto con la prensa al salir.

Distintas organizaciones aseguran que el proyecto que regula los agrotóxicos es “inconstitucional”

Emitieron un comunicado a través del cual rechazan el proyecto que el Senado entrerriano aprobó y a través del cual se regula el uso de los agrotóxicos en Entre Ríos. Denunciaron “la inconstitucionalidad del contenido normativo del proyecto” porque viola los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
Distintas organizaciones se dirigieron a los diputados provinciales manifestando su “total rechazo” al proyecto de ley que regula el uso de agrotóxicos en Entre Ríos y repudiaron el accionar de los senadores entrerrianos que, a través de un simple tratamiento, votaron media sanción al mismo el día 26 de diciembre de 2017.
“En primer lugar, consideramos que el proyecto votado es regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana. Permite realizar fumigaciones sin restricciones en cercanías a áreas pobladas dentro de un radio de 500 metros con productos de supuesta baja toxicidad, como el glifosato. Producto que fue declarado como posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que otras investigaciones científicas determinaron que es causante, además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes”, dijeron.
“Del mismo modo, degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”, añadieron.
“En segundo lugar, sostenemos que el tratamiento de dicho proyecto es ilegítimo en tanto que fue tratado sobre tablas, sin un análisis profundo del tema, y sin tener en cuenta los aportes realizados por la ciudadanía en otras oportunidades -en especial, los vinculados con los movimientos ecologistas, las víctimas afectadas y sus familiares y los profesionales de la salud-. De esta manera, desconocen deliberadamente la antología de centenares de trabajos científicos que demuestran los efectos negativos en la salud y el ambiente del uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos”, expresaron.
Asimismo, denunciaron “la inconstitucionalidad del contenido normativo del proyecto, violatorio de los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, establecido en los artículos 3, 7, 12, 17, 25, 26, 29 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, y en el artículo 22 de nuestra Carta Magna provincial, y en abierta contradicción al programa constitucional establecido en la reforma del año 2008 (artículos 22, 67 b, 68 última parte, 69, 75 última parte, 78, y artículos 83 a 86.) y a los principios del derecho ambiental determinados en la ley general del ambiente, 25.675”.
“Sumado a lo anterior, advertimos la consciente pretensión de negar espacios de participación en el Consejo Provincial Fitosanitario proyectado a la diversidad de actores sociales existentes en la ruralidad entrerriana, excluyendo principalmente a los pequeños productores, a los productores familiares y campesinos -históricamente postergados y expulsados de nuestros campos-. Consideramos, además, que la amplitud de funciones otorgadas a este Consejo significa una inexplicable delegación de poder del Estado al sector económico concretado, que lo integra en su mayoría”, criticaron.
Luego afirmaron que este proyecto de ley, “llamado eufemísticamente de ‘uso de Productos Fitosanitarios’, desconoce cínicamente la realidad sanitaria de la provincia y de los pueblos agrícolas en general, relevada, por ejemplo, en los campamentos sanitarios de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en Larroque, Bovril, Basavilbaso y San Salvador, cuyos resultados demuestran el cambio de la incidencia en la población de las enfermedades asociadas a las exposiciones a los agro-tóxicos”.
“Tampoco repara en la situación de las escuelas y pueblos fumigados, sus denuncias ni en el reciente y primer fallo en nuestra tierra del Tribunal Oral de Concepción del Uruguay el caso de la escuela fumigada de Santa Anita. En la misma lógica, olvidan el comprobado y grave deterioro ambiental que el modelo del agronegocio ha causado en nuestra Provincia, a partir de la contaminación de los cursos de agua, la eliminación casi por completo de los bosques nativos, la degradación de los suelos y la contaminación del aire”, sostuvieron.
“En tercer lugar, denunciamos la utilización de clasificaciones toxicológicas basadas en la toxicidad aguda sólo del principio activo de los productos comerciales, que omiten considerar los riesgos de la exposición permanente a sub-dosis, y la presencia de un pool de moléculas que acompañan a esos principios activos en las formulaciones comerciales. Lo más grave es el hecho de que las clases toxicológicas de los productos utilizados se establecen con estudios que realizan las mismas empresas productoras de agro-tóxicos, como Bayer-Monsanto, Syngenta, entre otras, sin resistir el menor cuestionamiento por parte de los órganos decisores”, agregaron.
“En cuarto lugar, queremos poner en evidencia el hecho de que se sigan promocionando las ‘buenas prácticas agrícolas en el manejo de fitosanitarios’, planteando el problema del ‘mal uso’ de químicos -presentados como inocuos- cuando en realidad la discusión debería girar sobre el por qué de su uso y los efectos que provoca en la salud y el ambiente. Este debate debe darse teniendo en cuenta el incremento del uso de agro-tóxicos en los últimos años, llegando a un total de 420 millones de litros para el año 2016”.
Finalmente, advirtieron que “tampoco aparece en el ‘horizonte legislativo’ la intención de promocionar otras formas de producción, como la agroecología o la agricultura orgánica, y encarar, de algún modo, una transición hacia agroecosistemas sustentables y sanos”.
“Entendemos que otra agricultura es necesaria porque permite el desarrollo de los territorios, la apropiación de los actores sociales del agro, especialmente de los pequeños productores y campesinos; la promoción del trabajo digno, la construcción de economías locales vivas; la preservación del ambiente y la vida, así como la producción de alimentos sanos y saludables”, expresaron
“Por todo esto, bregamos por la no conversión en ley de este perverso proyecto, solicitando seamos convocados a un amplio debate sobre el tema para lograr una norma que proteja y priorice la vida en todas sus formas, libre de venenos y del lucro opresor de unos pocos”, manifestaron distintas organizaciones sociales.