En los Tribunales de Gualeguaychú / Nahir Galarza se presentó ante el Fiscal y declaró durante tres horas

La chica que confesó haber matado a Fernando Pastorizzo, se presentó ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa para ampliar su declaración y dar más detalles de lo ocurrido la madrugada del pasado 29 de diciembre. Sin aviso y acompañada de un operativo policial, Nahir Galarza se presentó en los Tribunales para ampliar su declaración. La chica de 19 años que confesó haber matado a Fernando Pastorizzo, con el arma reglamentaria de su papá policía, llegó al juzgado cerca de las 14 y estuvo durante tres horas ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa. Tras terminar de declarar, Nahir salió por la puerta lateral de los Tribunales de Gualeguaychú, sin decir una sola palabra y fue trasladada en un patrullero a la Comisaría del Menor y la Mujer donde cumple la prisión preventiva. Según trascendió, el abogado de Galarza, Víctor Rebossio, había pedido que la chica no tuviera contacto con la prensa al salir.

Imputaron por violentos al titular de Federación Agraria, al hermano del senador De Ángeli y a otros gremialistas rurales

Es por la violencia a la que incitaron durante el tractorazo que tuvo lugar en septiembre de 2015 frente a Casa de Gobierno, cuando intentaron ingresar con tractores y arrojaron huesos de animales y orina contra efectivos policiales que fueron lesionados.
El fiscal Santiago Brugo imputó a cuatro referentes de entidades agropecuarias de la provincia, por considerar que hay elementos que prueban que “incitaron a la violencia” durante el tractorazo que organizaron el 3 de septiembre de 2015 frente a la Casa de Gobierno, tras el cual resultaron heridos y hospitalizados varios integrantes de la Policía provincial y hasta el propio jefe de la fuerza, Gustavo Maslein, cuando los manifestantes arrojaron huesos de vacas que impactaron en la cabeza y rostro de los efectivos, tiraron botellas de orina que habían recolectado y finalmente intentaron ingresar con los tractores a la casa gris.
Los imputados por instigación a la violencia (delito sancionado con pena de prisión de entre 3 y seis años) son: Elvio Guía (titular de la Federación Agraria de Entre Ríos), Alfredo Bel (delegado de la entidad en la provincia), Juan Echeverría (referente de la FAA) y Atilio De Ángeli (hermano del senador nacional de Cambiemos Alfredo De Ángeli).
Según la resolución judicial, los imputados le advirtieron a los funcionarios provinciales a través de un megáfono “que deberían atenerse a las consecuencias”, tras lo cual “arrancaron los tractores que se encontraban en dirección a la puerta de acceso de la casa de Gobierno, dijeron que correría sangre, haciendo ademanes a los restantes manifestantes para que por medio de la fuerza intenten ingresar a la casa gris”.
Después de esa arenga, "arrojaron restos óseos (de gran peso) sobre los funcionarios que participaron del procedimiento, provocando lesiones a varios uniformados, entre ellos al jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, quien sufrió “hematoma en la región parieto-occipital derecho, hematoma en hemitórax derecho y escoriación en el dorso del dedo anular izquierdo que lo inhabilitaron laboralmente por un tiempo".
Guía, De Ángeli, Bel y Echeverría están citados a prestar declaración indagatoria el 27 y 28 de septiembre.
Cabe recordar que durante la etapa de mediación penal, los dirigentes agropecuarios acusados aceptaron la propuesta de la querella de arribar a un acuerdo y admitieron ante un mediador “que hubo un desborde y que además estaban dispuestos a pedir disculpas por lo sucedido”, a fin de evitar que avanzara el proceso penal en su contra.
"Lo que quieren los funcionarios policiales es no seguir judicializando esta cuestión, pero sí buscar una solución a través de la mediación. Esta medida tiene por objeto un pedido de disculpa, un arrepentimiento y una pequeña reparación económica en la medida de las lesiones que tuvo cada uno" de los policías, había argumentado Rodríguez Allende mientras aguardaban la respuesta de los ruralistas involucrados.
Pero la propuesta de reparación ofrecida por las entidades gremiales del campo “fue considerada irrisoria”, por lo que ahora deberán afrontar el proceso penal.