Irregularidades / Denuncian a Mac Allister por el reparto de subsidios

El programa Periodismo para Todos sacó a la luz el manejo irregular de la gestión del Secretario de Deportes para beneficiar a clubes de golf y polo. Se lo acusa de presuntas contrataciones irregulares y discrecionalidad de subsidios. Un informe emitido por Periodismo para Todos que conduce Jorge Lanata apuntó contra la gestión del secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister. Se lo acusa de presuntas contrataciones irregulares, discrecionalidad de subsidios y tráfico de influencias. El Colorado, quien vistió la camiseta de Boca, Argentinos, Racing y Ferro, pasó de ser Diputado de la Nación por La Pampa a reemplazar en el cargo a Carlos Mauricio Espínola cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia. Tras casi dos años como secretario de Deportes se lo acusa de discrecionalidad en la entrega de subsidios dentro de un plan que apoya a clubes de barrio al destinar fondos a clubes de polo y golf. Según el informe, de acuerdo a los registros “Mc Allister dispuso subsidios para …

Polémica y preocupación por la transparencia en la ATER

El año pasado dejó de tener vigencia el sistema de control implementado en 2012, que regulaba los montos de los honorarios que fijaban los abogados en representación del Estado para la ejecución de deudas del fisco provincial.
Sergio Kneeteman presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo en donde indaga sobre una serie de puntos referidos a los cambios en el sistema de control y fijación de honorarios en los procesos iniciados por la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER).
Para el presidente de bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados la medida es “un retroceso en materia de control”.
El proyecto presentado por Kneeteman apunta a conocer una serie de puntos en torno a los criterios utilizados para establecer los honorarios máximos que pueden percibir los procuradores fiscales que intervienen en los procesos iniciados por la ATER.
El diputado explicó que “el año pasado dejó de tener vigencia el sistema de control implementado en 2012, que regulaba los montos de los honorarios que fijaban los abogados apoderados en representación del Estado para la ejecución de deudas del fisco provincial. Esto representa un retroceso en materia de control ya que, una vez que la deuda de un contribuyente pasa a apremio, los honorarios del trámite quedan librados al criterio del estudio que lleve su caso y en ocasiones llegan a ser iguales o mayores a la suma de impuestos que se adeudan”.
Kneeteman recordó que “el sistema que se dio de baja, implicaba un mecanismo de control en donde cada procurador debía ir cargando las gestiones realizadas respecto a los trámites que realizaba en la ATER y en función de ello se calculaban los honorarios automáticamente”.
Entre sus principales puntos, el pedido de informes presentado se le pide explicaciones al Poder Ejecutivo respecto a “las razones por las cuales se modificó o eliminó el sistema de control y fijación de honorarios máximos que podían percibir los procuradores fiscales en los procesos iniciados por ATER”, “cuál es el criterio y/o porcentaje que adoptan los Procuradores Fiscales para el cobro de los honorarios”, “cuál es el mecanismo de transparencia y control que éste insertó en la normativa” y que “informe si la Fiscalía de Estado tiene injerencia y/o control sobre el cobro de los honorarios de los procuradores fiscales”.
Para ser procurador de la ATER, a cargo de Sergio Granetto, el interesado tiene que anotarse en una especie de registro para luego ser apoderado como procurador.
Sin embargo, la Fiscalía de Estado, a cargo de Julio Rodríguez Signes, se quedó el año pasado con los juicios por deudas impositivas. Esas demandas representan un botín de más de 250 millones de pesos en honorarios.
Rodríguez Signes tomó la decisión de quedarse con esos juicios basándose en el artículo 209° de la Constitución Provincial, que dice que el fiscal de Estado “es el encargado de defender el patrimonio del Estado Provincial. Es parte legítima y necesaria en los juicios contencioso-administrativos, de inconstitucionalidad y en toda controversia judicial en que se afecten intereses del Estado, pudiendo tomar intervención en los juicios de interés municipal cuando la gravedad de la cuestión, a su criterio, pudiera comprometer al erario provincial”.
Fuente: Página Política