La ministra de Desarrollo Social y el Instituto Provincial de Discapacidad manifestaron la “preocupación” que generó en la provincia la medida del gobierno nacional de dar de baja pensiones no contibutivas.
La cancelación de pensiones no contributivas por invalidez por partede la Nación suma repercusiones en Entre Ríos. La ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Laura Stratta, solicitó una audiencia con su par nacional, Carolina Stanley, para dialogar sobre el tema y el Instituto Provincial de la Discapacidad (Iprodi) participará de un encuentro nacional en el que se revisará la medida.
Las pensiones no contributivas por invalidez están destinadas a aquellas personas en situación de vulnerabilidad social, con discapacidad total o parcial y que no puedan trabajar. “Sabemos que se trata de una población vulnerable que necesita de este beneficio y del acompañamiento del Estado”, advirtió Stratta. La funcionaria indicó a su vez que si bien estas pensiones no se tramitan desde la cartera provincial, en estos días las consultas y reclamos “han sido muchos”.
“Nos parece que tendría que haberse dado un proceso de reempadronamiento, como por ejemplo hicimos desde la Provincia con las tarjetas sociales: firmamos convenios con los municipios para que la gente vuelva a presentar los certificados correspondientes que dan cuenta de su vulnerabilidad. Es una situación difícil que se presenta en un momento difícil también”, sostuvo Stratta.
Según indica el comunicado oficial enviado a NUEVO TRIBUNO, ya se solicitó la fundamentación de bajas que se han dado durante el año, pero no hubo respuestas: “no hay una respuesta formal por parte de Nación, por lo tanto se complica hacer el trámite de reclamo de todas las bajas”, explicó Stratta.
Desde el IProDi, en tanto, anunciaron que “hace ya más de un mes que venimos trabajando y coordinando acciones con los titulares de los distintos organismos y áreas relacionadas a la discapacidad de las diferentes provincias para expresarle a las autoridades del Gobierno Nacional nuestra preocupación por este tema”.
Técnicos y funcionarios provinciales abocados al trabajo sobre la discapacidad piden una respuesta que “deje en claro qué criterio piensa implementar el Gobierno Nacional para la adjudicación, reducción o eliminación de las pensiones para personas con discapacidad”.
Por otro lado, advierten que el invocado decreto 432 del año 1997 para establecer dicho criterio es “contrario a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde el año 2014 tiene jerarquía constitucional y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”.
Este viernes participarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a defensores del pueblo de todo el país, de una reunión con las autoridades del gobierno nacional “a fin de que puedan esclarecer lo que está ocurriendo y que nos puedan dar certezas sobre qué criterio piensan implementar”, concluye su comunicado remitido a NUEVO TRIBUNO.