Descontrol | Pagaban hasta $3 mil por las armas del depósito del STJ

Así trascendió al conocerse detalles de la investigación, que está a punto de concluir. Estiman que del Poder Judicial faltaron unas 50 armas. El circuito ilegal empezaría con el perito Antonio Vitali.
La causa por venta de armas desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) está pronta a concluir. En la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se pudo determinar que de un total de 3.000 armas que estaban en el depósito de tribunales, vinculadas a distintas causas, salieron unas 50 de distinto calibre.
El fiscal Ignacio Aramberry, a cargo de la pesquisa, contó que están esperando el resultado de pericias telefónicas y sobre computadoras, por lo cual la investigación podría ampliarse a otras personas que hasta ahora no están imputadas.
"Esperamos que para mediados de diciembre podamos pedir la elevación a juicio oral", dijo y marcó que en la pesquisa todavía faltan los resultados de pericias sobre teléfonos y computadoras. "Eso podría ampliar la investigación a otras personas que no están imputadas", adelantó.
Señaló, además, que en el marco de la IPP hallaron "una lista de precios" y pudieron corroborar que por las armas se pagaba "hasta 2.000 o 3.000 pesos". El circuito comenzaba en dos empleados de tribunales. El jefe del área, perito balístico Antonio Vitale habría entregado las armas a otro empleado del STJ, quien sería el nexo con diversas personas que las requerían por fuera del Poder Judicial.
Las armas que faltan
"Hace unos días terminamos con la labor de confeccionar un registro de las armas vinculadas a distintas causas, que debían estar en el depósito. Detectamos que de un total de 3.000 faltaron unas 50 armas. Ahora estamos esperando que nos lleguen los resultados de las pericias telefónicas y sobre computadoras y con eso estaría concluida la investigación", precisó Aramberry.
El fiscal agregó que las armas que faltaron de tribunales son "fundamentalmente de guerra, de grueso calibre" y detalló: "Más allá de las 9 milímetros, faltaron revólveres de 22, 32 y 38 milímetros, grueso calibre", remarcó.
Hasta hoy hay dos imputados
En cuanto a los imputados en la causa, el perito balístico Antonio Vitali y el empleado judicial Maximiliano Bertoni, el fiscal Aramberry dijo que la investigación podría ampliarse a otras personas, de acuerdo a los resultados de las pericias que están esperando.
Contó que están con "restricciones al igual que el resto de los imputados, restricciones preventivas. No pueden acercarse a determinados lugares, ni contactarse con determinadas personas, ni salir de Paraná. Al concluir con las pericias, tengo la esperanza que a mediados de diciembre se pueda remitir la causa a juicio oral", completó.
"No se descarta nada. Estamos esperando los análisis de computadoras y teléfonos, y eso podría arrojar algo distinto a lo que actualmente hay en la causa, en el sentido que se amplíe a otras personas", deslizó.
Sobre la maniobra desplegada para cometer la sustracción de armas depositadas e insertarlas en el mercado ilegal, el fiscal describió que "eran entregadas por uno de los imputados a otro, y a su vez eran distribuidas por este otro a otras personas que las ubicaban entre otras personas".
Es decir, Vitali le habría facilitado las armas a Bertoni, quien sería el nexo con las personas requirientes, por fuera del circuito judicial. "Las entregaban a personas en concreto, pero no tenemos determinado si esas personas pertenecían a bandas o no", aclaró.
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