por Daniel EnzEl efecto Hugo Righelato fue contundente, pero todos los quieren minimizar.
La detención y encarcelamiento del exfuncionario Hugo Righelato provocó conmoción en el urribarrismo. Nadie lo quiere reconocer, pero significó un golpe fuerte para Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y el diputado provincial Pedro Báez, que son los más afectados por denuncias de corrupción, como así también varios de los integrantes de la familia del exmandatario. En la justicia no dudan en que varios de ellos terminarán en la cárcel el año que viene. En las próximas semanas saldrán nuevas imputaciones judiciales en diferentes causas. Báez sumó un nuevo expediente: ahora también lo investigarán por enriquecimiento ilícito.
El efecto Hugo Righelato fue contundente, pero todos los quieren minimizar. Nadie salió a defenderlo al funcionario preso, tras la denuncia de ANÁLISIS, pese a que estaba enquistado en ese lugar de tercera línea desde hacía casi 13 años y a una gran mayoría le había hecho favores de una u otra manera. “Todos sabíamos que Righelato robaba, que hacía negocios por izquierda, que usaba recursos del Estado y que se había hecho millonario”, repitieron una y otra vez los encumbrados dirigentes del oficialismo -en especial aquellos vinculados al urribarrismo-, como así también los de tercera y cuarta línea. Pero nadie dijo ni hizo nada. Prefirieron mirar para otro lado por años; durante más de una década.
En el urribarrismo hay preocupación, aunque no están dispuestos a reconocerlo. Saben que esa desintegración que pulverizó al kirchnerismo en el país, por los nichos de corrupción que aparecieron con cuanta piedra se levantó, también los está afectando.
Entre Ríos no está al margen. En esta provincia hubo millones de pesos que se desviaron para negocios privados y pasaron a formar parte de los bienes de no pocos funcionarios de Sergio Urribarri, como así también a los integrantes de su familia con el exgobernador incluido -como el jefe de una estructura que se dedicó cometer estos abusos de poder en el Estado-. Estos mismos funcionarios hoy no pueden justificar sus respectivos patrimonios, los que en estos 8 o últimos 12 años, fueron crecieron lentamente, sin que nadie dijera nada.
Los fiscales que están investigando los delitos de corrupción que comprenden al actual presidente de la Cámara de Diputados, a sus familiares directos, como así también a varios de sus colaboradores, entre ellos al exministro Pedro Báez, tienen una idea fija: investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.
De hecho, para eso están en la justicia: para investigar, denunciar y acusar a quienes cometen delito y más si son hechos de corrupción. La sociedad, día a día, como nunca había sucedido desde la instauración de la democracia, así lo exige.
(Más información en la edición gráfica número 1049 de ANALISIS del 20 de octubre de 2016)