Como estaba previsto, el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) impuso su mayoría y rechazó los pedidos de desafuero de dos de sus integrantes, Sergio Urribarri y Juan Carlos Darrichón. Esa posición fue apoyada por el diputado Ricardo Troncoso, del bloque unipersonal Recuperación Radical. El frente Cambiemos y el massismo no acompañaron el dictamen oficialista.
Con la ausencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, la sesión de este martes comenzó a las 20, presidida por el oficialista Juan Reynaldo Navarro. Cuarenta minutos después el tema del día fue aprobado con celeridad.
A pesar de que el FPV ya había adelantado su rechazo a los desafueros en la comisión de asuntos Constitucionales y Juicio Político, había expectativa con la defensa que pudieran hacer en el recinto. Por el lado de Cambiemos, se conocía desde el lunes que rechazarían el desafuero de Darrichón, pero había discusiones internas en el caso de Urribarri.
Con el fin de no darle mayor exposición al caso de los desafueros, el bloque del FPV pidió unificar el tratamiento de los expedientes administrativos para una rápida votación. Luego, el diputado Darrichón anticipó su abstención: “porque se está tratando un tema en el cual estoy involucrado por cuestiones obvias”, expresó.
A diferencia de lo que sucede con otros expedientes o proyectos, tanto el oficialismo como la oposición no hicieron uso de la palabra para defender sus posturas. De esta forma, los diputados evitaron que una eventual discusión quede registrada por los medios de comunicación y por el cuerpo de taquígrafos de la Legislatura.
Al asunto sólo se hizo mención con los siguientes datos: el tratamiento de los expedientes administrativos Nº 1.617 y el Nº 1.644 que corresponden a los pedidos de desafuero; la abstención del diputado Darrichón y el voto de los diputados.
El expediente Nº 1.617 contiene el pedido del juez de Garantías Nº 2, Eduardo Ruhl, para desaforar a Urribarri, en el marco de la causa por calumnias e injurias que le inició el abogado Guillermo Mulet.
El Nº 1.644, es el expediente de Darrichón, donde figura el requerimiento de desafuero de la jueza de Garantías y Transiciones, Ana Quinteros Fagetti, quien investiga la retención indebida de aportes de los trabajadores municipales destinados a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, en tiempos en que fue intendente de Diamante.
Antecedente
El FPV marcó un antecedente de comportamiento para futuros pedidos de desafueros. Y es que entre sus integrantes se encuentran otros diputados en la mira judicial: es el caso del diputado gremialista José Allende, investigado desde 2012 por presuntos desvíos de fondos legislativos a una fundación presidida por su esposa; y Pedro Báez, recientemente imputado de seis delitos. Incluso el presidente de la Cámara Baja, Sergio Urribarri, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y contrataciones directas, entre 2010 y 2015, a una firma vinculada con su cuñado Juan Pablo Aguilera, ex secretario del Senado y ex coordinador de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.
El FPV marcó un antecedente de comportamiento para futuros pedidos de desafueros. Y es que entre sus integrantes se encuentran otros diputados en la mira judicial: es el caso del diputado gremialista José Allende, investigado desde 2012 por presuntos desvíos de fondos legislativos a una fundación presidida por su esposa; y Pedro Báez, recientemente imputado de seis delitos. Incluso el presidente de la Cámara Baja, Sergio Urribarri, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y contrataciones directas, entre 2010 y 2015, a una firma vinculada con su cuñado Juan Pablo Aguilera, ex secretario del Senado y ex coordinador de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.
En esta última causa, hubo novedades el martes por la mañana cuando Aguilera y su esposa Luciana Almada se abstuvieron de declarar ante la fiscal Patricia Yedro. Para octubre están citados a declarar Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena y Alejandro Almada, consignados como socios de Aguilera de la empresa Formato Urbano.
El diputado Pedro Báez fue imputado por Yedro por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o falsificación de documentos públicos. La misma suerte corrió Gustavo Tamay, ex Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública.