Integran una nómina de 187 magistrados de todo el país, que presentarán un petitorio ante el Congreso de la Nación para pedir que se modifique el paradigma de lucha contra las drogas. Qué otras modificaciones proponen.
En el documento, que también firman abogados defensores y fiscales, se propone cambiar la lógica reinante bajo las política de "guerra contra las drogas" y plantean la discusión de la despenalización y legalización del consumo y tenencia de las drogas. Pide la aprobación de una ley "que no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas, mediante la derogación efectiva de los tipos penales sanciones conductas relacionadas al consumo personal de estupefacientes". Los jueces de Entre Ríos que adhirieron al planteo son Pablo Vírgala, Pablo Barbirotto y Alicia Cristina Vivian.
Distintos magistrados de la Argentina presentarán un documento que propone cambiar el paradigma reinante en las políticas públicas en materia de drogas. Para el cúmulo de jueces, fiscales y abogados defensores la "guerra contra las drogas" que se aplica en el país, con ampliación de presupuesto dirigido a las fuerzas de seguridad y la criminalización de los consumidores ha fracasado. De hecho, las mismas políticas han sido aplicadas en otros países donde no han encontrado resultados positivos.
La lista la integran tres jueces entrerrianos que adhieren a la solicitud que se realiza en la legislatura al cumplirse 30 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia, conocido como "Bazterrica". Gustavo Bazterrica era el guitarrista de los Abuelos de la Nada y en 1981, en un allanamiento en su casa, la policía incautó unos gramos de droga, por lo que llegó a estar condenado, hasta que la Corte lo absolvió.
El documento presenta una serie de 13 puntos resolutivos, luego de un extenso texto argumentativo que sostiene la postura de los firmantes. En esos puntos se puede observar no sólo la pretención de despenalizar el consumo, sino aplicar política de reducción de daños, de salud pública ante casos de consumidores problemáticos, entre otras cosas. De modo integral, los magistrados proponen que el Estado revierta la criminalización y militarización del "combate a las drogas" por una política que permita encarar la problemática desde otra perspectiva más humana y efectiva.
Reclamó, además, que se garantice el acceso a las drogas actualmente prohibidas para su utilización medicinal, como es el caso de los distintos usos en dicha materia para los que puede ser aplicada la marihuana, tal es el caso de la epilepsia.
Si bien no hace una mención directa a la legalización, se refiere a "considerar el desarrollo de políticas de regulación de sustancias actualmente prohibidas, quitándolas de las manos de las redes criminales", lo cual implicaría que el negocio y la elaboración de las drogas sufra el control público que permita brindar mayor información al Estado (para la prevención) y los consumidores.
A su vez, pide interpretar el caso de las "mulas" bajo el paradigma de la trata de persona, por el nivel de vulnerabilidad que suelen tener quienes caen en las manos del narcotráfico para llevar la droga ilegal de un lado al otro, poniendo en riesgo su propia vida. De hecho, estas personas tienen la característica de descartable para el negociado del narcotráfico, puesto que una vez que caen en prisión, el crimen organizado encuentra otros sujetos que realicen dicha labor.